La concejala de Sanidad y Bienestar Social de Ourense, Marga Martín, ha explicado este jueves que ha sido llamada a declarar como imputada por dos facturas supuestamente falsas pagadas en 2008, según denunció el partido de la oposición Democracia Orensana (DO). Según ha comentado, los pagos del servicio de atención domiciliaria a la concesionaria tenían un trámite diferente al de otros servicios por su elevada cuantía económica, pero ha remarcado que es "legal".

Martín dio explicaciones y respondió a todas las preguntas en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el concejal de Economía y Hacienda José Ángel Vázquez Barquero, y la edila de Urbanismo, Áurea Soto, que intervinieron para responder a varias de las cuestiones planteadas y para expresar el respaldo a la concejala "y compañera en este gobierno municipal que puede presumir de honradez y de gestión", dijo Soto.

En relación al servicio de atención domiciliaria y el proceso judicial Martín recordó que está citada a declarar como imputada el día 27 de marzo "por fin pues supone para mí un punto de inflexión y un alivio".

Además, ha manifestado que también declararán en la misma calidad de "imputadas" cuatro trabajadoras del Ayuntamiento, y varios testigos que son funcionarios, asesores jurídicos , técnicos "excelentes profesionales todos ellos de este servicio y que cuentan con todo nuestro apoyo y confianza", según ha afirmado.

Martín atribuyó al éxito del servicio a domicilio el que la oposición municipal centre en él sus ataques, "pero que tengan claro que con incomodidades y con la carga de trabajo que supone este proceso que se suma al propio del servicio, la atención a estas personas mayores, algunas enfermas o solas, seguirá prestándose de forma óptima", ha añadido.

Procedimiento estandarizado

Una pregunta sobre el pago denunciado de dos facturas por una cuantía de más de 200.000 euros dio inicio a las intervenciones de Soto y Vázquez Barquero, que se sumaron a las respuestas de Martín.

Según la concejala de Bienestar Social, el pago de facturas cuenta con un procedimiento estandarizado en el Ayuntamiento de Ourense y en el caso de las del servicio domiciliario, ese procedimiento es especial "debido a la elevada cuantía del servicio".

"Cuando llegué a la Concejalía el trámite para los pagos era de una forma y se fue mejorando sin duda ninguna y las dos facturas supuestamente ilegales, se pagaron porque el servicio se hizo", ha manifestado, y Soto añadió que alguna factura puede llegar "directamente" a una concejalía pero los pagos se hacen siempre tras su registro, visado de los técnicos y supervisión de los políticos del área.

Marga Martín también rechazó la supuesta ilegalidad denunciada al permitir que la Unión Temporal de Empresas Troncoso-Saludgest Servicios Sociosanitarios prestase el servicio durante un año sin contrato, por la demora en realizar una nueva contratación, y explicó que, igual que ocurrió con la empresa Eulen que lo prestaba en 2006, la UTE decidió en 2010 que no quería seguir con ese servicio.

"Hay que seguir ofreciendo el servicio y mientras se inicia un nuevo trámite de contratación así que resolvimos, igual que antes se hizo con Eulen, que mantuviesen el servicio hasta que hubiese nueva mesa de contratación", ha dicho sobre una decisión imprevista como la tomada por la empresa.

Según ha comentado Martín, en 2006, cuando Eulen comunicó su intención de dejar de prestar el servicio domiciliario, "se tardó exactamente el mismo tiempo que en 2010 para reiniciar la atención a domicilio con otra empresa y hasta ese momento, se mantuvo con la que estaba para no dejarlo en suspenso".

Ataques de la oposición

Soto se refirió a la necesidad de técnicos y de asesores jurídicos para acelerar los procedimientos municipales y a su petición continua de este tipo de personal para indicar que "es muy fácil ir al juzgado y sin pruebas para expulsar de la política a alguien que simplemente molesta pero, teniendo derecho a hacerlo, así no hay forma de gobernar", en alusión a la oposición municipal de Ourense, que también centra sus ataques en diversos temas del área de Urbanismo.

En ese sentido, aludió al caso de los paneles publicitarios, denunciado por el PP en el juzgado, y con sentencia absolutoria para todos los acusados, entre los que estaban cargos y políticos del BNG, que formaron parte del Gobierno municipal con el PSOE hasta hace unos meses, "y aún estoy esperando las disculpas", remató Soto.

Vázquez Barquero también hizo un alegato a la presunción de inocencia "para los políticos igual que para el resto de los ciudadanos" y recordó que una persona que declara como imputada, como será el caso de Marga Martín "no deja de ser presuntamente inocente para ser presuntamente culpable".

Escáner especial en el juzgado

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense ha notificado a siete personas que tendrán que declarar los días 20 y 26 de marzo a partir de las 9.45 horas, entre ellas trabajadores municipales de Contratación, Asesoría Jurídica, Gestión Económica y personas vinculadas a la UTE concesionaria.

El día 27 deberán declarar como imputadas la concejala Marga Martín y dos trabajadoras del servicio de Bienestar Social, que se suman a otras dos que lo harán también como imputadas el día 13 de marzo.

Además, el juzgado hace constar por escrito que el gran volumen de documentación hizo necesario un escáner especial que finalmente quedó instalado tras reiteradas peticiones presentadas por el juez ante la Subdirección de Informática de la Xunta, tal como consta en diligencias previas, a las que tuvo acceso Europa Press.