Sin embargo, la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat aseguró este martes que "la cantidad repercutible por los daños y responsabilidades económicas es de 66,3 millones de euros", por debajo de lo que recibirá finalmente de estas empresas constructoras.
Este pago es fruto del convenio firmado este martes por la Conselleria, la empresa pública adjudicadora GISA y los responsables de la Unión Temporal de Empresas (UTE) constructora y facultativa de la Línea 5 del Metro, junto con sus aseguradoras, sobre las responsabilidades económicas derivadas del derrumbe del Carmel, el 27 de enero de 2005.
El convenio tiene como objetivo devolver a la Generalitat de la Catalunya los gastos derivados del siniestro y liquidar las responsabilidades económicas, que comprenden la demolición de varios edificios y los daños en el perímetro de influencia del socavón.
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