La Plataforma Represión en La Rioja ha considerado hoy que existe una "estrategia" para criminalizar los movimientos sociales, a través de "identificaciones arbitrarias, actos intimidatorios y sanciones".

Miembros de la Plataforma se han desplazado hoy a la Delegación del Gobierno para presentar al delegado, Alberto Bretón, un primer dossier (anticipo de otro más completo) con el que demostrar que los representantes políticos están "tomando medidas con intención de criminalizar los movimientos sociales y a quienes formar parte de ellos".

La Plataforma se ha visto en la necesidad, según ha explicado Sonia Diarte, de "dejar constancia de otras versiones que son ignoradas por los poderes políticos y los medios de comunicación".

A su lado, Ana Pérez ha explicado que se están produciendo, sobre todo a raíz de la huelga y posterior manifestación, "identificaciones arbitrarias de personas que están cerca de una manifestación", solo por su atuendo, "actos intimidatorios, y sanciones penales y administrativas".

"No son hechos aislados, hay toda una estrategia para desmovilizar a la ciudadanía, y la gota que ha colmado el vaso han sido las penas de prisión para tres personas tras el 14-N", ha explicado.

Con respecto a la Fiscalía, ha señalado que se escribió "el escrito antes de acabarse las diligencias". Le ha sumado el hecho de "solicitar un aumento de las penas" y que haya siete personas con sanciones de 2.800 euros cada una.

"Sanciones que casualmente llegan dos meses después y creemos que a raíz de la primera denuncia de que estamos siendo reprimidos", ha añadido. Lo que está sucediendo en La Rioja, además, ha señalado, es "especialmente sangrante porque la cuantía es más alta"; así, mientras en Madrid "están siendo de entre trescientos y cuatrocientos euros, aquí son de 2.800".

"Un buen ejemplo de lo que está pasando aquí y en otras partes del Estado", ha indicado, es que Izquierda Unida ha presentado una querella criminal contra la Delegación; "en Murcia han pedido una fianza de 2.000 euros al Movimiento 15-M por lo mismo, en Madrid de trescientos y en La Rioja asciende a 10.000 euros".

"ese día me había ido a trabajar"

Descendiendo a datos concretos, ha señalado que hay "seis de la Asamblea de Estudiantes que han sido identificados diez veces en un año por ir por la calle, personas de la Marea Verde también han tenido identificaciones sin sentido..."

Uno de los integrantes de la plataforma, al que se el piden nueve años de cárcel, ha asegurado: "es un juicio político lo que nos quieren hacer, porque yo soy el secretario de Acción Sindical de CNT Logroño y soy conocido por la Policía y la Delegación".

Ha explicado que es "el que habitualmente lleva la megafonía" y ahora se le acusa de instigar actos violentos. "Pero el caso es que ese día me fui a trabajar, había fichado", ha señalado, "y sin hacer nada me encuentro ante nueve años de cárcel".