La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha avanzado que el Gobierno regional en próximas semanas va a poner en marcha una medida normativa para "discriminar" a aquellas familias y personas que no pagan el alquiler social de sus viviendas "porque no pueden de los que no pagan por que no quieren".

A preguntas de los medios tras visitar las obras de la A-40 en Toledo, la consejera, si bien ha querido dejar claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no ha desahuciado ni va a desahuciar a nadie que no puede pagar la cuota", ha indicado que en materia de patrimonio ha heredado una duda por impago de más de 17 millones de euros.

Para revertir esta situación de impagos, la consejera ha explicado que su departamento ha enviado cartas a todos los interesados recordándoles la cantidad que adeudan por impago de alquiler y ofreciéndoles la posibilidad de explicar por qué no abonan sus deudas y de regular dichos pagos. Para ello contarán con informes de trabajadores sociales.

Ha agregado que en esas cartas, "que no son de desahucio", se les dice a los afectados que en el caso de no acudir a la administración para ponerse al día en el pago el Gobierno regional podría llevar a cabo la rescisión del contrato "y en su caso proceder a un eventual desahucio".

Tras admitir que "para evitar incrementar la angustia sería conveniente que la palabra desahucio no apareciera", García ha dicho que el Ejecutivo regional trabaja en una solución y en próximas semanas va a poner en marcha una medida normativa para discriminar esas situaciones.