La familia del joven fallecido en 2003 en un accidente de tráfico causado por un conductor que circulaba en sentido contrario en la autopista AP-7 en Polinyà de Xúquer (Valencia) ha presentado este viernes 45.000 firmas para que "por justicia" el Gobierno revoque el indulto concedido al kamikaze.

La hermana de la víctima, Loreto Dolz, ha acudido a la delegación en Valencia del Ministerio de Justicia y ha entregado las firmas, "más de 45.000 muestras de rechazo" a una medida de gracia otorgada en diciembre por el Consejo de Ministros al kamikaze y que supone para éste cambiar una pena de 13 años de prisión por una multa de 4.000 euros.

En declaraciones a los medios de comunicación, Dolz ha reclamado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, atienda una petición de "una familia y más de 45.000 personas que la apoyan".

La mujer ha considerado "un milagro" que en tres semanas, desde que recurriera judicial y administrativamente el indulto, la familia haya recogido "tanto apoyo".

Según ha dicho, estas firmas demuestran que "muchas personas rechazan frontalmente este injusto indulto", y no entiende que el Gobierno quiera "infundir dignidad humana y enseñar seguridad vial, y gasten dinero público en campañas en ese sentido, para luego indultar kamikazes".

"No me encuentro con nadie que no quiera firmar contra esta decisión del Gobierno porque es una cuestión de amor propio y dignidad humana. Gallardón, le pido que rectifique. Ahora tiene —con el recurso de reposición presentado— vía legal a su alcance", ha espetado.

Desde que hace tres semanas decidieran recurrir judicial y administrativamente el indulto, los amigos y familiares de José iniciaron una campaña de recogida de firmas para la revocación de la medida y el kamikaze entre de nuevo en prisión.

De las 45.000 firmas recogidas, 11.000 se han reunido a través de la página web habilitada a tal efecto mientras que el resto les han llegado entregadas en persona o remitidas por correo ordinario desde toda España.

A la entrega de firmas ha acudido la presidenta de la Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana, Llanos Solves, que defiende la "imposibilidad" de que una persona epiléptica pueda "hacer algo así", en referencia a que se adujo que el kamikaze condenado pudo sufrir un ataque epiléptico y, entonces, actuar así.

Según ha explicado, los epilépticos tienen derecho legal a conducir "siempre y cuando tengan las crisis controladas", y ha asegurado que, en caso de sufrir una crisis parcial compleja, "éstas duran entre dos y cinco minutos y son automatismos muy sencillos que no pueden durar todos los kilómetros que condujo este hombre".

Los hechos sucedieron la tarde del 1 de diciembre de 2003, cuando el kamikaze ahora indultado conducía su vehículo por la autopista AP-7 en dirección Alicante y, tras protagonizar varios incidentes con otros vehículos, efectuó un cambio de sentido y circuló varios kilómetros en sentido contrario.

Finalmente colisionó frontalmente con un turismo en el que viajaba José Alfredo Dolz, de 25 años, y su pareja, de 21. Como consecuencia del impacto, el chico falleció debido a un traumatismo craneoencefálico severo, mientras que su acompañante sufrió contusiones, fracturas y heridas que le han dejado secuelas.