El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma e instructor del caso Picnic, Juan Pedro Yllanes, ha acordado levantar el bloqueo que pesa sobre las cuentas de la extinta Unió Mallorquina (UM), a fin de que la Seguridad Social pueda cobrar de las mismas un total de 15.940 euros que le debía la desaparecida formación.

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor de la anterior causa, centrada en un presunto desvío de 1,2 millones de euros del Ayuntamiento de Palma para la captación de futuros votantes en favor de UM, ha alzado el embargo de tres cuentas únicamente para que la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Hacienda pueda cobrar su deuda, para posteriormente volver a bloquearlas.

En concreto, las cuentas, en las que hay depositados unos 135.000 euros, fueron bloqueadas tras la imposición al partido de una fianza civil de 1,6 millones de euros, resultante de la suma de los 1,2 millones de euros municipales que supuestamente fueron malversados, a los que se suma un tercio de esta cantidad marcado por la Ley.

Según las pesquisas, las presuntas irregularidades fueron cometidas mediante la contratación, a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), de una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, atraer afiliados y futuros votantes para el partido.

Asimismo, el caso centra parte de sus pesquisas en averiguar si la formación nacionalista, a través de la oficina municipal de Medio Ambiente que controlaba este partido, utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de unos 300.000 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.

Entre los imputados en este procedimiento se encuentran la exconcejal de Medio Ambiente y exnúmero 2 de UM en Palma, Cristina Cerdó, para quien el juez decretó una fianza penal de 300.000 euros, y la excoordinadora de esta área, Paula Cortés, para quien decretó una caución de 100.000 euros posteriormente rebajada a 65.000.