El PSOE de Andalucía ha cifrado en 509 municipios de la región los que podrían ser intervenidos por el Gobierno central si se aprueba la reforma de la Administración local tal y como está planteada en estos momentos. Así, el secretario de Política Municipal de los socialistas andaluces, Francisco Conejo, ha apuntado que el 67 por ciento de las localidades están "en peligro".

El Ejecutivo del Partido Popular, ha dicho, "quiere intervenir a los menores de 5.000 habitantes". En este punto, ha aludido a un nuevo artículo, el 61 bis, que apunta a esta intervención temporal si se supera el nivel de deuda permitido y no se presenta un plan de reducción de la misma, entre otros aspectos.

Así, ha manifestado en rueda de prensa que este hecho supone, de facto, que los menores de 5.000 habitantes "dejarán de tener gobierno" y que la prestación de servicios pasará a manos de las diputaciones provinciales. En este punto, ha comparado esto con la intervención del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), cuando una gestora se hizo cargo tras la disolución del Consistorio: "es lo que pasó, allí se creó una gestora y aquí serán las diputaciones".

"Es como si hubieran actuado como Jesús Gil en Marbella, una medida similar a cuando el Ayuntamiento de Marbella fue saqueado", ha criticado, al tiempo que ha preguntado al Gobierno si los alcaldes de estos pequeños municipios "se merecen ser tratados como delincuentes".

Para Conejo, lo que se está planteando es "una auténtica irresponsabilidad, un atentado a la democracia local y no vamos a permitir que se pisotee a estos municipios porque sus ciudadanos son tan ciudadanos como los que viven en Madrid, Málaga o Sevilla".

En este punto, ha criticado que se plantee esta reforma penalizando a las localidades menos pobladas y no a aquellas de más de 500.000 habitantes, "que son las que han generado el déficit y la deuda de las entidades locales". El socialista se ha referido a Madrid, que acumula el 25 por ciento de la deuda de todas las entidades locales de España: "es el ayuntamiento más despilfarrador de España y eso lo van a pagar los municipios más pequeños".

Conejo ha preguntado al Ejecutivo sobre el ahorro que se producirá, cifrado por el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, en más de 7.100 millones, y se ha cuestionado si se dejarán de prestar servicios públicos, si se despedirá "masivamente" a trabajadores de estos consistorios y si desaparecerán programas que se prestan como los de igualdad o juventud.

Según el secretario de Política Municipal del PSOE-A, en España se verán afectados por esta reforma de la ley más de 250.000 trabajadores, de los que más de 40.000 pertenecen a Andalucía. Por todo ello, ha solicitado la retirada "inmediata" del anteproyecto y ha anunciado que los socialistas estudiarán su "inconstitucionalidad por dos motivos: invasión de competencias a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas".

En Andalucía hay 771 municipios, de los que 690 son menores de 20.000 habitantes y 509 cuentan con menos de 5.000. Estos datos evidencian que son la mayoría de los consistorios de la región, por lo que "nueve de cada 10 desaparecerán de hecho si el Gobierno del PP aprueba unilateralmente esta reforma", ha apostillado.

Ha lamentado que se vaya a establecer un baremo que fije si un determinado ayuntamiento es o no rentable. "Si uno menor de 20.000 habitantes supera lo que el Gobierno estima las competencias de agua, alumbrado o basuras pasará a las diputaciones", ha dicho, recordando que esto supondrá la "privatización" de servicios básicos y la pérdida de calidad en los mismos.

"Van a hacer que el agua sea un negocio, que de la basura se encargue una empresa privada", ha precisado, al tiempo que ha indicado que esto significará que la basura no se recoja todos los días o que si se recoge el coste sea muy superior para los vecinos. "Es una intervención en toda regla", ha insistido.

El PSOE, ha continuado, está en contra de que "se anteponga la rentabilidad económica a la rentabilidad social". "Nuestros pueblos tienen que tener unos servicios públicos de calidad y el Gobierno quiere que sean más caros y de peor calidad", ha afirmado, y ha añadido que lo que se pretende "es despoblar nuestros pueblos".

"un atentado a la autonomía local"

Conejo ha comparecido en rueda de prensa con alcaldes de municipios menores de 5.000 y 20.000 habitantes de Málaga. Todos han coincidido en que esta reforma supone "un atentado a la autonomía local y al municipalismo".

El regidor de Iznate, Gregorio Campos, ha defendido la buena gestión de los ayuntamientos y ha asegurado que la reforma planteada aumenta el "desequilibrio territorial y no facilita el vertebramiento". Ha manifestado que no es que suponga un menoscabo para los cargos electos, "sino para los servicios que se ofrecen a los ciudadanos".

La alcaldesa de Arenas, Basilia Pareja, ha preguntado al PP por qué quiere "castigar" a localidades como la que dirige, de 1.472 habitantes y que con un presupuesto de 1,4 millones de euros "no acumula ninguna deuda". "Queremos seguir viviendo en Arenas, en nuestro pueblo, que tiene y da todos los servicios. El PP busca la rentabilidad económica y nosotros el bienestar de nuestros vecinos, por eso estamos en contra de esta reforma", ha aseverado.

En Arriate, con 4.200 vecinos, las deudas las generó "el anterior equipo de gobierno", ha precisado el alcalde, Melchor Conde. "Nosotros no nos hemos acogido al plan de pago a proveedores y recortamos en gastos superfluos", ha dicho, al tiempo que ha emplazado al Gobierno 'popular' a comenzar por recortar en los ministerios y que "den rienda suelta a los ayuntamientos para contratar a personal de los pueblos, eso es lo que genera economías de escala no el que nos quiten competencias".

"Es inasumible e intolerable, una completa aberración", ha apostillado Conde. En estos mismos términos se ha pronunciado el alcalde de Campillos, Jesús Manuel Galeote, quien, además, ha recordado que la mayoría de los regidores y ediles "no perciben más que la asistencia a plenos y comisiones".

En su municipio, de 8.800 habitantes, y en aquellos más pequeños, ha apuntado que gobernar es "más difícil". "Nosotros conocemos las necesidades de nuestros ciudadanos, vienen a nosotros, y prima la rentabilidad social. Nosotros somos los que tenemos que afrontar realmente lo que les pasa y pedimos que se retire esta modificación", ha recalcado.

Traspaso de competencias

El responsable de Política Municipal del PSOE-A se ha referido también a un apartado de la reforma que plantea el traspaso de competencias de Educación o Servicios Sociales a las comunidades autónomas, "que llevará implícito que los ayuntamientos deberán ceder el coste del mantenimiento de los centros educativos, pero lo que cueste deberán pagarlo".

"No es que se vayan a quedar con el dinero que utilizaban para eso, sino que deberán trasladarlo a las comunidades autónomas y si no transfieren el dinero para el mantenimiento, el Gobierno le retendría la participación en los tributos", ha criticado, al tiempo que ha considerado que el Ejecutivo central "está generando un problema donde no lo había".