Miembros de la judicatura, fiscalía, abogacía y funcionarios de la administración de justicia, acompañados de representantes de sindicatos y organizaciones sociales, se han concentrado este miércoles en Bilbao y San Sebastián para reclamar una justicia "de calidad" y "para todos", en la jornada de huelga convocada en el sector y que en Euskadi transcurre con un "éxito importante".

En el caso de la capital vizcaína, más de un centenar de personas han secundado la protesta de las asociaciones de jueces y fiscales en ante el Palacio de Justicia, presidida por una pancarta con el lema 'Justizia guztiontzat. Justicia de calidad' que sostenían, entre otros, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, el coordinador de Jueces para la Democracia en Euskadi, Edmundo Rodríguez, el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Nazario Oleaga, o los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Dámaso Casado.

Durante la concentración, los convocantes han destacado el "éxito importante" que ha tenido en Euskadi la jornada impulsada por Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales contra las reformas legislativas del Ministerio de Justicia.

En función de los datos recabados por el comité de huelga, el 54 por ciento de los 187 jueces y magistrados vascos han secundado la jornada de huelga, con algunos partidos judiciales "paralizados completamente" y "numerosas" suspensiones de juicios y de vistas. Según ha explicado Rodríguez, todos los servicios mínimos se han respetado y se han garantizado los casos de detenidos, de medidas cautelares y las vistas de procesos de familia.

En la movilización, los colectivos de la administración de justicia han reclamado el incremento de inversión pública en justicia para que pueda disponer de medios materiales y personales "suficiente" para desempañar sus funciones, así como la paralización del proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

También han exigido la derogación de la ley de reforma de Poder Judicial que ha "expulsado" a los jueces sustitutos y de la ley de tasas juciales que suponen "una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva", además de la paralización del intento de establecer "mayores niveles de exigencia" para la justicia gratuita y la reforma de la ley sobre indultos.

Más trabajo con los mismos medios

El representante de JpD ha recordado que, desde las asociaciones de jueces y fiscales, se ha solicitado durante los últimos meses al Gobierno de Mariano Rajoy que adoptara las medidas necesarias para garanatizar "una justicia de calidad", pero no sólo no se han atendido sus peticiones, sino que se "ha agravado lo que se anunciaba" con medidas como la reforma de la ley orgánica del poder judicial, las tasas "absolutamente desproporcionadas e innecesarias e injustas", o el despido de más de 1.000 jueces sustitutos.

En esta línea, el colectivo ha criticado que el Ministerio de Justicia pretende que la carga de trabajo, que se ha visto incrementada, se siga asumiendo "con los mismos medios de que se disponía hace años", al tiempo que aumenta "el drama social de la crisis, de los desahucios y los problemas con los indultos".

Asimismo, ha destacado la "situación de unidad", que refleja que "el problema de la administración de justicia no es de unos pocos, sino de todos los que trabajamos en ella", así como el hecho de que se hayan sumado a la protesta "muchos representantes de la administración de justicia, la abogacía y la sociedad en general".

Entre los colectivos que se han sumado a la concentración, se encuentran los integrantes de la Cumbre Social Vasca (CC.OO. de Euskadi, UGT-Euskadi, Jueces por la Democracia, EKA-OCUV, LSB-USO, Silikosia, UTESE-ATESSPV, Ikasle Ekintza, HOAC, Mesas por la Convergencia, Osalde, Bakeaz, ACPP Euskadi, Unión Progresista de Fiscales, SOS Racismo Gipuzkoa, la Coordindadora de ONGS al desarrollo, ADICAE y Asviamie).

También se ha sumado a la concentración una delegación del sindicato LAB, aunque con una "postura crítica", según ha explicado la responsable de Servicios Públicos, Arantza Sarasola. El sindicato plantea que se abra un debate sobre la necesidad de construir "un sistema judicial propio" para dar respuesta "verdaderamente" a las demandas de los colectivos de la administración de Justicia.