El Tribunal Supremo irlandés ha decido retrasar la tramitación del recurso de apelación presentado por una mujer en estado terminal que pide recibir de su marido un suicidio asistido, dada la importancia y "complejidad" del caso. Según fuentes judiciales, el tribunal tomó la medida en el último momento para ofrecer a las partes implicadas una semana, a fin de que tengan "más tiempo" para estudiar el recurso.

Marie Fleming, de 59 años y enferma de esclerosis múltiple, presentó el pasado diciembre ante el Alto Tribunal irlandés un caso sin precedentes en este país, donde la "Ley de Derecho Criminal (Suicidio)" de 1993 prohíbe el suicidio asistido. La legislación castiga con un máximo de 14 años de cárcel a quien "ayude, instigue, aconseje o procure" un suicidio asistido.

En aquel juicio, los tres magistrados que componen el Alto Tribunal de Dublín desestimaron los argumentos planteados por los abogados de Fleming al asegurar que la ley no infringe "de manera desproporcionada" los derechos constitucionales de la demandante. Los jueces también rechazaron los alegatos de la Comisión Irlandesa de Derechos Humanos (IHRC), una de las partes invitadas a presentar argumentos legales a favor de un cambio en la legislación vigente.

Según un portavoz de la IHRC, la Comisión quiere que la Justicia de este país decida si la "criminalización" del suicido asistido está justificada en casos en los que deben "prevalecer" los "derechos personales" de la persona que solicita un suicidio asistido. La IHRC sostiene que en otros países, como el Reino Unido o Canadá, sus respectivas Fiscalías disponen de unas "directrices claras" que delimitan los casos en los que "pueden o deben" actuar.

En este sentido, en su dictámen del pasado mes los magistrados del Alto Tribunal de Dublín recordaron que, en casos extremos como el de Fleming, la Fiscalía tiene cierta autonomía para decidir si emprende o no acciones legales contra alguien que se haya prestado a ayudar en un suicidio. No obstante, rechazaron la posibilidad de que el Estado entregue a la Fiscalía "un manual claro de actuación" y recomendaron a las autoridades que sigan las directrices marcadas en el Reino Unido.

Durante aquel juicio, el primero de este tipo en Irlanda, Marie Fleming, madre de dos hijos, aseguró que la ley viola sus derechos personales y a la vida, de acuerdo con los principios recogidos en la Constitución irlandesa y en la Convención Europea de Derechos Humanos. Los magistrados, sin embargo, consideraron que la normativa actual está "justificada desde el punto de vista del interés público", pues contribuye a proteger a los más "vulnerables".

Dada la importancia de este caso, el Tribunal Supremo irlandés está formado por siete jueces, que analizarán a partir del próximo martes el recurso de apelación, aunque se espera que la petición de Fleming tampoco prospere en este ocasión.

La enferma, quien lleva más de 25 años en una silla de ruedas, había solicitado al Alto Tribunal que la libraran de una "muerte dolorosa" y permitieran que su marido la ayudara a acabar con su vida "digna, legalmente" y acompañada por su familia.

En su dictamen, el magistrado jefe, Nicholas Kearns, afirmó entonces que este tribunal decidió rechazar por unanimidad la solicitud de Fleming, que en caso de prosperar hubiese obligado al Estado a modificar la legislación y la Constitución sobre el suicidio asistido.

El juez recordó que existe un "riesgo real" de que, incluso con "estrictas salvaguardas", la legalización impida proteger adecuadamente a los más vulnerables, como "los ancianos o las personas sin recursos", quienes "podrían no ver otras opciones cuando se consideran una carga para sus familias o la sociedad"