La Sección Novena de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar este lunes día 18 al dueño de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, al que la Fiscalía malagueña acusa de la presunta apropiación de dinero entregado por una mujer para dos viviendas no construidas en Casares (Málaga), hechos por los que solicita una pena de tres años de prisión.

Estaba previsto que esta vista oral se celebrara en el mes de septiembre del pasado año, aunque en la primera sesión, la defensa del acusado presentó determinada documentación, entre ella la ampliación de una pericial, que fue admitida; tras lo que el fiscal solicitó tiempo para examinar los documentos aportados antes de continuar el juicio.

El ministerio público acusa a Ruiz Casado por un delito de apropiación indebida, al considerar que la sociedad vendió a una mujer dos viviendas de un edificio de un complejo en Casares que se pretendía construir, fijándose un calendario de pago que fue "cumplido" por la perjudicada, quien entregó 84.500 euros por una casa y 72.600 euros por la otra.

La acusación manifiesta en su escrito inicial, al que ha tenido acceso Europa Press, que aunque el contrato suscrito "no establece fecha límite para la entrega de las viviendas, los efectos mercantiles emitidos para el pago de la parte del precio señalado finalizaba en febrero de 2006" y que entonces la empresa "gozaba ya de la licencia para construir y no la había siquiera iniciado".

Así, dice el fiscal que la mujer —personada como acusación particular—, "transcurrido un periodo más que prudencial", en 2008 y "ante la misma situación de inejecución de la obra ni siquiera parcialmente" dio por resuelto el contrato y reclamó la devolución del dinero, mientras que por contra la empresa le ofrecía otros pisos ya construidos, que "no fueron del agrado" de la perjudicada.

La Fiscalía sostiene que la promotora "no avaló la devolución del dinero entregado para el supuesto de no acometerse la obra" y que la sociedad "ha hecho propio el dinero recibido sin haberlo aplicado a los fines predispuestos". Además, tras reabrirse el caso, Aifos sólo justificó que había pagado a la inmobiliaria que vendía los pisos y la licencia urbanística e impuesto al Ayuntamiento.