UGT, CC.OO., CSI.F y CIG anuncian "una batalla sindical" para evitar que se materialice lo que califican de "ERE encubierto" en la Consellería de Traballo e Benestar, y que supone el despido de 19 trabajadores de personal laboral indefinido no fijo y la amortización de otras 21 plazas que en la actualidad están ocupadas por interinos, personal laboral temporal y algún funcionario.

En rueda de prensa conjunta, los portavoces de las organizaciones sindicales adelantaron que plantarían la "prematura" reunión a la que estaban convocados a las 13.45 horas de este miércoles con la secretaria xeral técnica de la consellería, para abordar la nueva relación de puestos de trabajo en la que se incluyen estas medidas dentro de los cambios para 251 puestos.

En concreto, la relación de puestos de trabajo incluye tres tipos de decisiones, según han explicado: la primera, amortizaciones por cambios en la estructura de la consellería; la segunda, supresión de puestos de plazas vacantes sin ocupar y, la tercera, amortización de puestos en plantas vacantes ocupadas. Este último punto es el que se corresponde con esos 19 despidos de trabajadores de personal laboral indefinido no fijo.

En un breve encuentro este jueves, tras la comparecencia ante los medios, los sindicalistas han comunicado a Cristina Ortiz —cuyo cese ha sido aprobado en el Consello de este miércoles por "motivos personales"— que exigen entrevistarse con "instancias superiores" del Gobierno, al atribuir las modificaciones a "una decisión política" y reclamar "explicaciones".

De hecho, piden reunirse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que tachan de "mentiroso" por afirmar que no habría despidos en la Administración autonómica. Denuncian que, ahora, la Xunta "abre la espita" para que "esta senda" se siga en otras consellerías.

UGT, CC.OO., CSI.F y CIG mantendrán una reunión de trabajo este viernes para elaborar un escrito reclamando esta entrevista, y decidirán si se la remiten a la Consellería de Facenda, a Vicepresidencia o al propio titular del Ejecutivo. Además, las organizaciones sindicales prepararán movilizaciones y estudiarán la memoria justificativa que les remitió Traballo con sus servicios jurídicos por si "puede haber nulidad".

"enésima mentira"

José Vázquez, de UGT, ha criticado que la Xunta, y, en concreto, el departamento que dirige Beatriz Mato, "debería dar ejemplo" en un contexto en el que el número de parados alcanza tasas históricas tanto en el Estado como en Galicia.

Por parte de CC.OO., Emilio Doforno ha censurado a un Gobierno "que miente a la ciudadanía antes y después de las elecciones", y ha advertido de una situación "grave" que "afecta a los servicios sociales", puesto que Traballo se encarga de las áreas de empleo, dependencia y servicios sociales.

En este punto ha hecho hincapié el portavoz de la CIG, Fernando García, al avisar de que los despidos y la amortización de plazas en la Administración autonómica "repercuten en los servicios sociales que se dan a los ciudadanos". A su juicio, Feijóo actúa como "un negrero" y "un bravucón" demostrando su "enésima mentira", por lo que las centrales intentarán "frenar esto".

"GROTESCO"

El representante de CSI.F, Pablo Rama, por su parte, ha asegurado que el procedimiento que pretende aplicar la Consellería de Traballo "con la crueldad de la reforma laboral" —indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades— está justificado en "empresas que están en crisis o quiebra".

Y, como ha confrontado, "el Gobierno de la Xunta dijo que lo que tenía era estabilidad presupuestaria y liquidez". "Si eso no es así, tendrán que decir claramente que la Xunta está en crisis", ha aseverado.

A su juicio, "es grotesco que sea la propia Consellería de Traballo" la que pretenda acometer despidos. "Si no le quieren llamar ERE, que le llamen como quieran", ha apostillado, al constatar que los 19 despidos "no pasan el umbral" que exige el procedimiento colectivo, pero, pese a todo, en su opinión, "sigue habiendo regulación de empleo".

Todos los sindicalistas han rechazado las más de 1.000 amortizaciones que aseguran que prevé la Ley de Presupuestos de 2013 y han coincidido en sus críticas hacia el Ejecutivo popular puesto que "mientras privatiza servicios públicos, sigue aumentando el gasto en capítulos presupuestarios que no tienen nada que ver con la austeridad".