El PP-A ha desvelado este jueves hasta cinco requerimientos realizados entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 por el Tribunal de Cuentas a la Junta de Andalucía a fin de que entregue los convenios que, según el PP, "permitieron otorgar las ayudas fraudulentas" de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Durante un debate parlamentario mantenido este jueves con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha dado a conocer estos cinco requerimientos realizados por el Tribunal tras la denuncia formulada por los 'populares', en la que se ponía de manifiesto "la existencia de presuntas irregularidades en la aplicación y gestión de los fondos de subvenciones o ayudas gestionadas por la Consejería de Empleo".

Según la documentación facilitada por el PP, recogida por Europa Press, fue el 27 de octubre de 2011 cuando la delegada instructora de las actuaciones iniciadas por el Tribunal de Cuentas dirigió un primer escrito a la Consejería de Empleo.

En este primer requerimiento, le solicitaba que remitiera los "convenios particulares de colaboración suscritos en aplicación del Convenio Marco de Colaboración, de fecha 17 de julio de 2001, celebrado entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta y el Instituto de Fomento de Andalucía para la materialización de ayudas en materia de trabajo y seguridad social, de conformidad con lo dispuesto en la Estipulación Segunda del citado Convenio Marco".

La delegada instructora, Amparo Sebastiá Casado, añadía que, "con independencia de la anterior documentación solicitada, el representante legal de la Consejería de Empleo podrá aportar toda aquella que considere conveniente para el mejor desarrollo de esta fase de instrucción contable", tras lo que concedió a la Junta un plazo de 20 días hábiles, "desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, para el cumplimiento de todo lo requerido".

El 4 de noviembre de 2011 —cuando el Tribunal volvió a requerir la documentación—, la secretaria general técnica de la Consejería de Empleo, Lourdes Medina, remitió al Tribunal de Cuentas un escrito de contestación en el que señalaba "la completa disposición de la Consejería a colaborar y aportar la documentación requerida", no obstante lo cual precisaba que, "a instancia del Parlamento de Andalucía, la Cámara de Cuentas de Andalucía está realizando actualmente en esta Consejería una fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE y empresas en crisis otorgadas" entre 2001 y 2010.

Trabajos "coincidentes" con los realizados por la cámara

Según añadía la Junta, "en el marco de este trabajo se está facilitando a la Cámara de Cuentas toda la información necesaria, entre la que se encuentra la que usted solicita", por lo que "consideramos que los trabajos que está realizando la Cámara pueden ser coincidentes con el objeto del control y finalidad que desde ese Tribunal de Cuentas se pretende llevar a cabo".

"Con independencia de lo anterior, si una vez conocido este extremo mantiene su solicitud de remisión de la documentación indicada, daremos traslado de la misma a la mayor brevedad", agregaba la Consejería, que "reiteraba nuestra total disposición y voluntad de colaboración para el mejor desarrollo de las diligencias", todo ello en un escrito en el que le adjuntaba una copia del escrito del consejero del ramo "sobre la designación de quien suscribe como interlocutora con dicha Cámara".

El 10 de noviembre, el Tribunal de Cuentas remitió un escrito a la Junta en el que le "agradecía" su "disposición" a colaborar en la instrucción contable desarrollada por el propio Tribunal, señalando que "a la vista de lo manifestado" sobre "la reciente iniciación por la Cámara de Cuentas de la fiscalización de las ayudas sociolaborales" y "la posible coincidencia con el objeto de las presentes actuaciones previas, se estima razonable lo expuesto".

"URGENCIA"

Por ello, el Tribunal "rogó" a la Junta "informe a esta Unidad sobre los avances realizados en el desarrollo de las actuaciones de fiscalización, dada la trascendencia de las mismas a los efectos de la presente instrucción".

En un escrito de 17 de abril de 2012, el Tribunal de Cuentas volvió a requerir a la Junta, "teniendo el tiempo transcurrido", los convenios particulares de colaboración solicitados, así como "información sobre el estado de la tramitación de las actuaciones de fiscalización desarrolladas por la Cámara" y sobre "actuaciones penales que se hayan llevado a cabo en relación con los hechos generadores de las presentes actuaciones".

El último requerimiento de información por parte del Tribunal de Cuentas tiene fecha 5 de septiembre de 2012, y en él pide a la Junta que la documentación sea aportada "con la mayor urgencia posible".