El secretario de UPA en Andalucía, Agustín Rodríguez, ha celebrado el aumento de los fondos agrarios que recibirá España en el marco comunitario 2014-2020, a pesar de que el presupuesto global de la UE en esta materia ha descendido. Ello, a su juicio, "permitirá garantizar" el reparto actual de pagos entre las diferentes comunidades, aunque las retribuciones por explotación puedan disminuir, fundamentalmente, por la incorporación de nuevas hectáreas, punto en el que ha defendido que sólo sean admisibles las realmente productivas y no aquellas que "van a la caza de las ayudas".

Así lo ha indicado este jueves en rueda de prensa en Jaén, donde ha explicado que los datos oficiales trasladados este pasado martes por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, suponen una "buena noticia" por cuanto el país incrementará su cheque el próximo sexenio en 524 millones de euros (1,2 por ciento) en ayudas directas y desarrollo rural, desde los 43.467 millones del actual a 43.991, mientras que en toda la Unión Europea los fondos agrarios caerán en 10.627 millones.

Para Rodríguez, por tanto, el resultado de una finalmente "buena negociación" por parte del Gobierno hace "posible garantizar el cheque territorial y sectorial" entre las distintas comunidades, aunque "no está todo resuelto". Para ello, hay que definir cuáles serán las nuevas hectáreas admisibles para tener derecho a las ayudas, aspecto en el que la organización defiende la entrada de las productivas frente a las que declaradas únicamente con el "objetivo de especular con las ayudas no produciendo" nada.

Según ha comentado, España cuenta en el marco 2007-2013 con 17 millones de hectáreas beneficiarias de estos pagos y ya hay declaradas más de 30 millones, de los que la UPA considera que podrían ser admisibles "razonablemente" entre tres y cuatro millones repartidos en el conjunto de cultivos; "un millón aproximadamente" en el caso de Andalucía, donde en 2011 se habían declarado 6,5 millones de hectáreas, mientras que ahora son 3,6 millones los que reciben ayudas.

En este sentido, ha apostado por que los estados miembros sean los competentes para "acotar" qué nuevas hectáreas entran en el sistema y con ello, a su juicio, siempre con la productividad como "clave", de manera que el ministro tiene ahora "la pelota en su tejado" para que garantizar que cada región siga recibiendo al menos el mismo presupuesto global que hasta ahora.

Por explotación

No obstante, Rodríguez ha aclarado que si bien se puede garantizar una distribución equilibrada territorial y sectorialmente, no ocurre lo mismo con la cuantía que se viene recibiendo por explotación. "Con este presupuesto está garantizado que Andalucía reciba el mismo. Otra cosa será si cada agricultor recibe lo mismo y eso dependerá mucho de la fórmula final", ha destacado para recordar que se plantea de forma lineal, pero la propia propuesta permite elementos para que el posible descenso "no sea traumático".

Como ejemplo, se ha referido al olivar jiennense, en el que, en función del modelo lineal que se aplique y teniendo en cuenta que "algunas hectáreas van a entrar nuevas", la organización calcula una disminución de las ayudas "entre un 35 y un 50 por ciento" por explotación dependiendo del tipo y de su ubicación. El motivo es que este cultivo posee el mayor cheque, por lo que "todos los ajustes presupuestarios los va a sufrir el que reciba más ayudas".

"Esta provincia sigue estando en riesgo el que pueda tener ese reducción", ha manifestado Rodríguez, para el que, en cualquier caso, "es posible corregirlo" asegurando el referido reparto de los fondos agrarios no sólo por territorios, sino también por sectores con el "argumento de peso" que supone el propio incremento de la cuantía que corresponde a España. También sobre el olivar, ha solicitado que se resuelva la cuestión de los cultivos permanentes, entre los que reivindica su inclusión para "tener directamente derecho" al pago verde, que supone el 30 por ciento del total de las ayudas directas.

Regulación básica de mercado

Junto a ello, el secretario general de UPA-A ha considerado fundamental la creación de un marco jurídico comunitario para que los estados miembros puedan desarrollar mecanismos, como la futura ley española de la cadena agroalimentaria, que defiendan precios justos para agricultores y ganaderos. De lo contrario, "no se habrá resuelto nada", puesto que sus rentas proceden de media en un 70 por ciento de la venta del producto y en el 30 restante, de las ayudas.

Por ello, ha incidido en la necesidad de que la OCM recoja, "en términos de competencia, la excepcionalidad" para garantizar las rentas en un sector que no tiene nada que ver, por ejemplo, con una "fábrica de tornillos". Al respecto, ha aludido a los numerosos informes que reflejan la posición "dominante" de la distribución, que en los últimos años se está quedando con "la mayor parte del beneficio y esfuerzo" de los productores. "Hay que reequilibrarlo y se tiene que hacer con regulación básica de mercado", ha concluido.