La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se reunirá el martes con el consejero de Urbanismo, Javier Fernández, se manifestará ante el Gobierno para pedirle que "cumpla su palabra", presentará una iniciativa en el Parlamento e intentará reunirse con la asociación ecologista ARCA, promotora de la mayoría de los recursos que han culminado con sentencias de derribo de viviendas en Cantabria.

En la reunión con el consejero de Urbanismo, que tendrá lugar a las nueve de la mañana, AMA presentará a Javier Fernández sus objetivos para el año 2013 y le solicitará que el Gobierno de Cantabria cumpla los compromisos que tiene con las familias afectadas por las sentencias de derribo. "Las palabras y los hechos tienen que tener correspondencia, lo contrario produce el descrédito de quien las pronuncia", señala AMA al respecto en un comunicado de prensa.

También solicitarán al consejero un reunión con el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, del que señalan que "ha sido en la pasada legislatura —cuando era líder de la oposición— un apoyo para la busca de soluciones, sin embargo actualmente vemos como su Gobierno no cumple los compromisos adquiridos y los familias se sienten otras vez abandonas por las instituciones", afirma AMA.

A la vez que se produce la reunión con el consejero, un grupo de AMA se manifestará a las nueve de la mañana ante la sede del Gobierno de Cantabria bajo el lema 'Soluciones ya, cumplan su palabra'.

Por otra parte, a las 11 horas del mismo día, una representación de AMA se desplazará a la sede de ARCA para intentar tener una primer encuentro con esta asociación, y en caso de que no sea posible entregar un documento donde se solicita una reunión para tratar temas de interés para ambas asociaciones.

AMA explica que ha enviado ya varios correos a ARCA en la que les informa de esta iniciativa y les pide "una normalización de las relaciones entre dos de las asociaciones más importantes de nuestra Comunidad".

Por último, a las 12 horas los representantes de AMA irán al Parlamento de Cantabria, donde presentarán una iniciativa en la que piden a los grupos parlamentarios que tomen las medidas oportunas y legislativas, para instar al Gobierno de Cantabria a que cumpla con el mandato del Parlamento y se dé una solución justa y en tiempo a todas las familias afectadas por las sentencias de derribo.

Asimismo, piden que se inste al Congreso de los Diputados para que una norma estatal recoja los puntos más importantes de la Ley 2/2011 de 4 de abril aprobada por unanimidad en el Parlamento regional, recurrida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ante el Tribunal Constitucional por cuestiones de carácter competencial.

Esta norma establece la obligación de indemnizar a los afectados por sentencias de derribo antes de que se produzca la demolición. "Cuando la Administración sea la condenada, los ciudadanos no pueden ser los perjudicados", reitera AMA, tras subrayar que "a pesar del tiempo transcurrido, de los planes del Gobierno de Cantabria, de numerosas promesas, la realidad, la dura realidad es que ni una sola familia ha visto resulta su situación de angustia después de tanto tiempo".