Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea intentarán a partir de este jueves y durante 48 horas salvar sus diferencias y cerrar un acuerdo sobre la financiación comunitaria para 2014-2020. El objetivo es que el pacto permita después negociar con el Parlamento Europeo.

El presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, puso sobre la mesa una cantidad en la cumbre del pasado mes de noviembre, 973.000 millones de euros para los próximos siete años, cifra que el europarlamento rechazó por escasa.

La cifra representa menos del 1% del PNB de toda la UE supone 80.000 millones de euros menos que los planteados por la Comisión Europea (CE) y 20.000 millones menos respecto al presupuesto de 2007-2013. Las discrepancias sobre el recorte a aplicar son grandes y este jueves habrá una nueva propuesta.

La única novedad respecto a noviembre es, por ahora, que Van Rompuy va a proponer que se destinen "varios miles de millones" de euros a una iniciativa centrada en combatir el desempleo juvenil, pero tendrá que desvelar como lo financiará y qué parte constituye nuevos recursos o son asignaciones procedentes de otras rúbricas.

Los países negocian con la idea de que si la crisis obliga a recortes nacionales, también se impone la misma política a nivel comunitario, además de que tampoco quieren que el presupuesto global aumente porque entonces también lo harían sus contribuciones.

Fuentes diplomáticas dijeron que de las negociaciones maratonianas de estos dos días y probablemente sus noches "se espera un acuerdo de base sobre las cifras, suficiente para que el proceso no descarrile".

Agregaron que ante ellos tienen "un puzzle difícil de encajar", y que se busca una salida a la que todos puedan dar su acuerdo, "aunque no todos estén contentos. La única solución es que todos estén descontentos en la misma medida".

Entre los países, las posiciones son divergentes entre los que, como Francia, España o Italia, no quieren recortes en las políticas agrícola y de cohesión por considerarlas esenciales, y otros como Reino Unido, Holanda, Alemania, Suecia o Finlandia, que son contribuyentes netos y quieren ampliar esos recortes.

Entre ellos la postura más intransigente es la británica, pues su primer ministro, David Cameron, ya ha señalado que no solo es inaceptable cualquier subida, sino que tiene que haber más recortes, y su posición, según las fuentes, no ha variado en absoluto.

Otras fuentes señalaron que "Francia e Italia están molestos porque no reciben suficiente y pagan mucho; los de la cohesión porque no están de acuerdo con que haya un tope al techo de gasto; Irlanda está descontenta en agricultura... Nadie está contento".

Los capítulos relacionados con las infraestructuras (transporte, energía y telecomunicaciones), así como los de asuntos exteriores, seguridad ciudadana y administración y personal, son los que tienen más posibilidades de ver sus partidas recortadas, ante la férrea oposición de algunos países a que se toquen otros capítulos.

Por parte española, esas dos políticas de cohesión y agricultura se consideran cuestiones capitales.