El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha considerado que la designación de Jonan Fernández como responsable del Gobierno vasco de las políticas de derechos humanos, víctimas del terrorismo y memoria, supone "otro varapalo para los damnificados por ETA".

A su juicio, con este nombramiento, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu pone de manifiesto que "busca asentar los cimientos de una visión parcial y favorecer una memoria inmoral de lo ocurrido en el País Vasco durante los últimos 30 años".

Covite, en un comunicado, ha recordado que Fernández, ex concejal abertzale que a principios de los 90 "tildó el terrorismo de ETA de violencia de contestación", a mediados de esa misma década "se posicionó en contra de la estrategia violenta de la banda terrorista". No obstante, el hecho de que defienda un final "sin vencedores ni vencidos" es "criticado con dureza" por este Colectivo.

"Ese planteamiento no sólo sigue al pie de la letra la hoja de ruta rubricada en Gernika en septiembre de 2010 por los herederos de Batasuna, Aralar, EA y Alternatiba, que defendieron que "una paz justa hace a todos vencedores", ha recalcado.

En ese sentido, ha considerado que el planteamiento enarbolado por Fernández, y que a partir de ahora se hará extensible al área de "convivencia" del Gobierno vasco, "legitima la teoría del conflicto y se decanta por la implantación de un relato parcial de lo sucedido durante 30 años de terrorismo".

Covite ha insistido en que ese relato, "que no parte de la derrota del terrorismo", prevé definir "una sociedad inmoral en la que la presencia de asesinatos selectivos quedará diluida en la historia".

Finalmente, el colectivo ha aseverado que no enmarca su posición crítica "en el inmovilismo", sino en "la defensa férrea de la dignidad de las víctimas del terrorismo, a las que nadie debe enseñar a convivir, ni siquiera un área diseñada por el Ejecutivo autonómico vasco".