Francisco Valido, al que se le puso fianza de 80.000 euros, se declaró inocente de los cargos que se le imputan dentro de la operación Faycán sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras.
'Manifesté mi voluntad inequívoca de abandonar el cargo de alcalde y renunciar al acta de concejal si resultaba afectado en el curso de dicho procedimiento judicial. Este hecho lamentablemente se ha producido y debo actuar en consecuencia', dijo Valido en rueda de prensa.
La operación, que comenzó en julio, investiga diferentes irregularidades en la gestión municipal que apuntan a la supuesta comisión de delitos como falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La dimisión de Valido y del resto de los concejales implicados, todos en libertad bajo fianza y con cargos, no se formalizará hasta dentro de dos semanas, cuando se celebrará el pleno municipal.
El PP suspendió de militancia a los acusados, prometiendo luchar 'de forma implacable' contra cualquier comportamiento ilícito, y dijo que pretendía sustituirlos por suplentes para crear un nuevo equipo de gobierno.
El Gobierno rechazó la creación de una gestora similar a la de Marbella, porque, en palabras de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, la disolución del ayuntamiento es una 'medida extrema' en democracia.
'Lleva consigo anular la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y esto en democracia es muy grave', dijo De la Vega en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.
Los casos de corrupciones urbanísticas fraguados a la sombra del 'boom' inmobiliario han salpicado en las últimas semanas a los dos principales partidos políticos a escasos meses de que se celebren elecciones municipales a los ayuntamientos, donde residen las competencias de urbanismo junto con las comunidades autónomas.
/Por Inmaculada Sanz/
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