El Tribunal Supremo ha anulado una partida de los presupuestos del Ayuntamiento de Salamanca, gobernado por el PP, después de que la asociación Ecologistas en Acción llevase a los tribunales la venta de suelo público a promotores privados.

La corporación municipal vendió por valor de 3 millones de euros (600 millones de pesetas) unos solares a empresarios de la construcción, enajenando "ilegalmente" terrenos del Patrimonio Nacional, según la sentencia del Tribunal Supremo.

Las partidas, calificadas como ingresos en el presupuesto de 1998, se destinaron a equipamientos y dotaciones municipales, pero no a solares para construir viviendas de protección oficial, como dice la ley estatal. Ahora tendrán que reponer ese dinero para destinarlo a vivienda pública.

Los ecologistas dicen que el Ayuntamiento beneficia a los constructores amigos

Manuel Serrano, responsable de Ecologistas en Acción, denunció que "el Ayuntamiento quiere dar vía libre a los sponsors y constructores que los apoyan, y para ello se ha optado por no hacer viviendas de protección oficial".

Aunque Serrano eludió hablar de corrupción urbanística, criticó que el Ayuntamiento "hable del estado de derecho y a continuación se comporte de manera insumisa, sin acatar las sentencias judiciales en contra".

Según él, a la corporación dirigida por Julián Lanzarote "no le interesa invertir en vivienda pública, y vende en subasta terrenos destinados a ese fin para cumplir su programa electoral".

El Ayuntamiento se muestra "encantado" de poder invertir en equipaciones

El concejal y portavoz del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez, retó "a quién sea a que me diga dónde un tribunal nos ha condenado por corrupción urbanística", al mismo tiempo que defiende la actuación del gobierno, "que hoy sería legal por la modificación que la Junta de Castilla y Leon ha hecho en 2004".

Rodríguez, que no confirmó que vayan a destinar a vivienda pública el dinero que dicta la sentencia, se mostró "encantado por poder invertir 3 millones de euros en equipamientos para mejorar la ciudad".

Por su parte, Serrano, criticó la "burla absoluta" del Ayuntamiento a las sentencias judiciales, asegurando que "les lloverán más, porque no pueden saltarse la ley a la torera".

Según él, "mientras en el ayuntamiento de Vitoria se construyen 1.000 viviendas de protección oficial al año, en Salamanca sólo se construyen 50 o 60, y el precio de la vivienda en Salamanca es uno de los más caros de España".

Más sombras sobre el urbanismo municipal

Además del caso que ha merecido la sentencia del Tribunal Supremo, el alcalde de Salamanca está en el centro de la polémica por otro posible caso de corrupción, tras la recalificación de tres hectáreas que pertenecen a la familia política de Fernández Mañueco, consejero de Presidencia de la comunidad de Castilla y Leon, del PP.

En estos terrenos se construirán 73 viviendas de 100 metros cuadrados, la mitad de protección oficial y la otra mitad de viviendas libres.

Lanzarote respondió que llegó a la alcaldía de la ciudad en 1995 «y desde entonces no he tenido que cesar a ningún concejal de Urbanismo por corrupción», algo que contrapuso con los ceses de los concejales Manuel Campo y Máximo Gómez, como responsables de esta área en la época de Jesús Málaga (PSOE) en el gobierno municipal.