La multinacional japonesa Suzuki ha firmado este viernes en el Sasec (Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos) con los sindicatos UGT y CCOO un acuerdo previo a la presentación del ERE de extinción, en el que la empresa ha incluido a las condiciones aprobadas por la asamblea de trabajadores una cláusula 'antihuelga' y para evitar reclamaciones judiciales. De esta forma se ratifica el pacto alcanzado el viernes pasado.

De acuerdo a esa cláusula, quien se niegue a trabajar o presente una reclamación judicial contra la empresa perderá el derecho a los 12.500 euros lineales de indemnización y, en el caso de haberlos cobrado ya, tendrá que devolverlos. Así lo han indicado a Europa Press fuentes de los trabajadores, quienes han apuntado que el sindicato independiente se negó a firmar el acuerdo, al considerar que era "injusto" y buscaba dividir a los empleados, al beneficiar a unos frente a otros.

Este sindicato había criticado el acuerdo desde su aprobación en asamblea el pasado viernes por considerar que los más perjudicados serían las personas que llevaban más años trabajados, ya que obtendrían el máximo legal, los 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, mientras que al resto se les compensaría con una indemnización lineal de 12.500 euros.

La estimación es que todo aquel que lleve más de 12,5 años sería perjudicado. "La única culpable de esto es la empresa", dicen, a la que acusan de logar dividir a los trabajadores. "Es injusto tanto sacrificio para luego repartir el dinero para una parte", agregan, antes de lamentar que "no sirvió para nada haber estado toda la vida", con respecto. Con todo, aclaran que no van contra los jóvenes sino contra la forma "arbitraria y torticera" utilizada por la multinacional.

La empresa, asimismo, presentó esta semana la lista nominativa de afectados, en total 169 personas, de las que 165 son de producción y cuatro de oficinas. Para los más de 20 trabajadores restantes, se mantendrán las condiciones de este acuerdo, a excepción de la indemnización lineal de 12.500 euros, si en el plazo de un año son despedidos.

Más allá de esa fecha, deberán negociar unas nuevas condiciones, además de que en principio no podrían acogerse al plan especial de jubilación al que sí tendrán derecho los despedidos ahora y que tengan más de 55 años. Los sindicatos temen que la veintena de personas que queden ahora no mantendrán durante mucho tiempo su empleo o se les invitará a trasladarse a Madrid.

Dos meses para comunicar despidos

Los despidos para los 160 trabajadores afectados por el ERE se irán comunicando por la empresa, y las salidas se producirán entre el próximo 31 de marzo y el 31 de mayo. Fuentes sindicales han llamado la atención sobre que teniendo como fecha de cierre el 31 de marzo, haya trabajadores que que vayan a hacer horas extra este fin de semana y previsiblemente los siguientes. Esto, sumado a los dos meses de plazo que se da la Dirección para comunicar los despidos, les hace sospechar que puedan querer el stock suficiente para seguir funcionando o recuperar el tiempo perdido durante los periodos de huelga.

Sobre el ERE de extinción, la empresa se había comprometido a presentarlo antes del 31 de enero. Por Ley se suele abrir un periodo de consultas de un mes, pero al haber un acuerdo previo, ese tiempo se reduce a la mitad. Algunos representantes sindicales temen que la empresa intente reducir ese tiempo al mínimo para evitarse problemas, ya que una parte de la plantilla no está de acuerdo con el pacto alcanzado con UGT y CCOO. "Sería una indefensión tremenda", han apuntado.

Sobre ese acuerdo, el pasado viernes CCOO y UGT presentaron a la asamblea de trabajadores una propuesta por la que se abonarían 40 días por año trabajado y 37 mensualidades, además de una indemnización lineal de 12.500 euros cuya cuantía se abonaría proporcionalmente a aquellos que no tuvieran derecho a cobrar el máximo que marca la Ley, es decir, los 45 días por año y 42 mensualidades. A quien si llegara a estos topes, no les correspondería indemnización.

Frente a esta propuesta, el sindicato independiente propuso 45 días por año trabajado y 42 mensualidades para toda la plantilla, con una indemnización de 6.500 euros. CCOO y UGT ganaron la votación por 96 apoyos frente a los 73 del sindicato independiente, mientras que hubo tres abstenciones.