El secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, Gaspar Llanes, ha señalado este viernes en una conferencia sobre 'Simplificación administrativa y mejora de la regulación en el nuevo contexto de unidad de mercado' que la Administración andaluza revisa más de 1.000 procedimientos para identificar, simplificar y reducir las posibles trabas administrativas a la actividad económica.

Según indica la Junta en una nota, como avance de los resultados de este proceso de evaluación, se han detectado 584 procedimientos con autorizaciones vinculadas al inicio o desarrollo de una actividad económica, buena parte de los cuales se imponen por la legislación estatal o comunitaria, correspondiendo a la Administración del Estado abordar su revisión.

Con respecto a los regímenes de autorización sustentados en normativa autonómica, hasta la fecha, se ha logrado simplificar el 88 por ciento de los procedimientos que se han simplificado en una primera fase, según apunta Llanes, quien subraya asimismo, que en estos momentos se sigue trabajando en colaboración con todas las Consejerías para culminar este proceso de simplificación.

A su juicio, "se ha realizando un notable esfuerzo por sustituir el control previo de las administraciones públicas, por el control posterior, vía declaración responsable o comunicación previa".

Así, en esta fase inicial, se han simplificado 76 procedimientos, de los que cerca de la mitad han pasado al libre acceso. Del resultado de este proceso se han beneficiado fundamentalmente las pymes y autónomos profesionales del sector servicios y, en especial, las actividades de turismo.

Para Llanes, la administración andaluza "se convierte así en un referente a seguir entre las iniciativas autonómicas de simplificación administrativa y reducción de trámites, gracias a la aplicación de la Ley autonómica 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía".

Durante su intervención, Llanes ha abordado materias de máxima actualidad en el contexto actual como la eficiencia en la regulación por parte de los poderes públicos, la simplificación de trámites, la unidad de mercado o los efectos de la transposición de la Directiva de Servicios, en particular en el ámbito autonómico.

De este modo, ha recordado que "la buena regulación es una de las claves de la política económica regional", de forma que el objetivo es "favorecer mediante la simplificación de la regulación, la inversión productiva y el empleo, a la vez que eliminar barreras al emprendimiento y mejorar la competencia efectiva de los mercados de bienes y servicios".

Llanes ha explicado asimismo que, "para que el sector público combine de forma eficiente la búsqueda del interés general con el óptimo funcionamiento de la economía, es necesario una buena regulación".

"Las normas que se aprueben tienen que ser necesarias, eficaces y proporcionadas a sus objetivos, lo que significa reducir al máximo las posibles trabas administrativas sobre la actividad económica", ha aseverado este portavoz, para el que esto supone que "los principios de buena regulación constituyen un instrumento eficaz para la recuperación económica, ya que se favorece la actividad, el crecimiento y se estimula a las pequeñas y medianas empresas, que pueden ver ampliadas sus oportunidades de inversión y creación de empleo".

Por todo ello, ha señalado el secretario general de Economía, la buena regulación económica "es una prioridad en el contexto actual, debido a que fomenta la competitividad de las empresas y potencia la actividad económica y el crecimiento".

Apuesta de la junta

El secretario de Economía subraya que la voluntad de mejorar la calidad de la regulación ha sido un objetivo prioritario de la OCDE, la UE y el propio Estado Español, que han puesto en marcha iniciativas legislativas para simplificar y racionalizar la regulación. Reconoce que el catálogo de medidas es extenso y ha tenido como manifestaciones más recientes iniciativas de gran calado como la estrategia 'Europa 2020', la transposición de la Directiva de Servicios y la Ley de Economía Sostenible.

"La comunidad autónoma de Andalucía es consciente de la importancia de una política legislativa efectiva para la recuperación económica y de la relación que existe entre un programa de reducción de trabas administrativas y la competitividad empresarial", ha agregado Llanes, quien apunta que la Junta, además de implementar las medidas derivadas de la transposición de esta Directiva comunitaria, ha asumido un serio compromiso con la mejora de la regulación, marcándose objetivos que van más allá de los fijados por la UE.

La conferencia del secretario de Economía se encuadra en el seminario 'Análisis económico de la política de competencia', organizado por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y la Cátedra de Política de Competencia de la Universidad de Sevilla.