La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha aprobado una medida que prorroga durante tres meses el actual techo de la deuda y exigió al Gobierno un plan presupuestario con recortes del gasto a largo plazo.

Con 285 votos frente a 144 la mayoría republicana ha concedido a la Casa Blanca hasta el 19 de mayo como período de gracia para evitar el debate sobre el tope o límite de la deuda, situado por el momento en 16,4 billones de dólares, equivalentes al PIB de EEUU.

La medida o iniciativa aprobada, llamada por los republicanos "Sin presupuesto, no se paga" obliga, a su vez, al Senado, de mayoría demócrata, a presentar un plan presupuestario que sea equilibrado, incluya recortes de gasto y sea sostenible para los próximos diez años.

La iniciativa legislativa propone además suspender el pago de los sueldos a los congresistas de ambas cámaras si no acuerdan un plan presupuestario, retrasado constantemente por discrepancias, antes del 15 de abril.  Algunos demócratas han protestado ante tal medida y argumentado que infringe la Constitución.

Pese a ello, los demócratas consideran esta medida de los republicanos en la Cámara de Representantes como victoria, ya que ha obligado a la oposición a ceder tiempo y rechazar su petición de que por cada dólar que se aumente el techo de deuda se apruebe el equivalente en recortes en el presupuesto.

El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, ha afirmado que la Cámara Alta ratificará asimismo la medida que suspende tres meses la imposición de un techo de endeudamiento al gasto federal, ya que "está limpia", en alusión a que no lleva exigencias asociadas de recorte de gastos.

Ahora, la presión que se pone para pasar un nuevo presupuesto, que golpea directamente el bolsillo de los legisladores, deberá complementarse con un acuerdo para sustituir los duros recortes automáticos en defensa que deberían ejecutarse a finales de marzo.

Los republicanos también quieren que se revise el gasto social en programas como el sanitario del Medicare, para jubilados y discapacitados, que en su opinión es inviable y un lastre para conseguir una reducción sostenible de la deuda.