La Audiencia de Málaga ha condenado a un año de prisión a una intermediaria inmobiliaria que actuó en nombre de la promotora Aifos y de un particular sin tener autorización para ello con el fin de estafar al comprador de un piso, al que le pidió varias cantidades de dinero, con el fin de quedárselas. Además, se le impone una multa de 1.800 euros.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en septiembre de 2003, la acusada, actuando como intermediaria de una empresa de servicios inmobiliarios, firmó con un comprador un contrato de señal para una vivienda en Mijas (Málaga), propiedad de la promotora Aifos, por el que la mujer recibió un depósito de 4.500 euros.

Posteriormente, "en representación de la promotora", la acusada firmó un contrato privado de compraventa con el hombre, al que le solicitó en concepto de pago a cuenta la cantidad de 9.000 euros; así como casi 900 euros por los servicios prestados de intermediación, según se pone de manifiesto en la resolución dictada por la Sección Novena.

Cinco meses después, indica el Tribunal, "por supuestos problemas de Aifos", la mujer ofreció al comprador otra casa de "mayor valor" en otra urbanización de dicha localidad, perteneciente también a la misma constructora, para lo que se firmó un nuevo contrato privado, en marzo de 2004, y le requirió el pago de más de 40.000 euros como anticipo, servicios y letras.

En marzo de 2005, según se señala en la sentencia, la acusada puso de manifiesto al comprador "nuevos problemas con la promotora" en cuanto a dicha vivienda, por lo que le planteó un nuevo cambio por otra residencia "también perteneciente a Aifos" y también en Mijas, y le pidió más dinero para la reserva, aunque el hombre sólo pagó una parte.

Por último, en septiembre de 2005, "alegando problemas financieros con la promotora", la acusada convenció al perjudicado para "invertir el dinero que había entregado hasta el momento en adquirir directamente de un particular una vivienda de las mismas características", se precisa, para lo que se firmó un contrato, que desconocía el dueño de la casa, el cual, además, no recibió dinero.

"De todas las cantidades recibidas, la acusada tan sólo entregó a Aifos la cuantía inicial de 4.500 euros, correspondientes al contrato de señal celebrado en primer lugar, realizando el resto de operaciones siguiendo un plan predeterminado, aprovechando su condición de gestor inmobiliario para generar engaño y con intención de hacer suyas dichas cantidades", concluye la sentencia.

Asimismo, la resolución declara probado que la acusada firmó dos de los contratos de compraventa "como si actuase en nombre y representación de Aifos y del particular cuando en realidad no había sido apoderada por ninguno de ellos para actuar en este sentido". Por estos hechos, se le condena por un delito continuado de estafa, manifestando la acusada su conformidad con los hechos.