El Estado asumirá los costes directos de la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estima en 408 millones de euros, cinco veces más de lo previsto inicialmente, según han informado fuentes del departamento que dirige José Ignacio Wert.

La memoria económica que acompaña a la reforma será discutida entre el ministro y los consejeros autonómicos del ramo el próximo 7 de febrero en la Conferencia Sectorial de Educación, tras enviarles este miércoles el documento. Se prevé que los costes indirectos, como el trasvase de alumnos hacia los ciclos de Formación Profesional, lo asuman las autonomías, aunque este punto será negociado en el encuentro del mes que viene.

El alto índice de población escolar en el ámbito rural en algunas comunidades, los dos itinerarios de 4º de la ESO —hacia Formación Profesional o Bachillerato—, un menor ahorro del previsto con la compactación del Bachillerato, tras otorgar más autonomía a las comunidades y centros en la fijación de asignaturas y carga lectiva, y la financiación de la nueva Formación Profesional Básica han quintuplicado el primer presupuesto, tal y como ha precisado a los medios la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio.

"Como consecuencia de estos cambios en las estimaciones, el coste mayor tendrá lugar en el tercer año desde la implantación de la reforma que va a asumir el Estado y se sitúa en alrededor de los 255 millones de euros", ha señalado la 'número dos' del ministerio. Se prevé que para el primer año una inversión de 23 millones para la puesta en marcha de la LOMCE y de 130 millones para el segundo año.

Se trata, según Gomendio, de una reforma "poco costosa", si se compara con los 7.000 millones de la memoria de la Ley Orgánica de Educación (LOE). No obstante, ha diferenciado que en la estimación de esa norma se incluyeron las partidas para becas y jubilaciones anticipadas del profesorado, dos aspectos que el Ministerio de Educación no ha incorporado en los planes financieros de la futura ley, que se ocuparán del "sólo del impacto directo de los cambios que se proponen".

Los costes indirectos serán atribuidos "al éxito de la reforma", tal y como ha explicado Gomendio, pues son los derivados de que una mayor proporción de estudiantes siga la trayectoria de la Formación Profesional. Se trata de una opción más cara que el Bachillerato, ya que un puesto escolar cuesta al año, como mínimo, unos 6.000 euros. "Estos costes serán asumidos en principio por las comunidades autónomas, pues tienen transferidas las competencias en la gestión de la educación", ha precisado.