El plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha permitido aflorar 91.470 empleos sumergidos a lo largo de 2012, un 12% más que un año atrás, según ha anunciado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Del conjunto de inspecciones realizadas, más de 20.500 estaban centradas en prestaciones por desempleo, detectándose un aumento del 50% en las infracciones por percepción indebida. Además, las infracciones detectadas a empresarios que daban ocupación a los perceptores de prestaciones crecieron un 30%.

Por otro lado, la Inspección duplicó en 2012 el número de inspecciones para detectar empresas ficticias, aquellas que no tienen actividad real y que se constituyen con el único objetivo de facilitar el acceso indebido a prestaciones, descubriéndose 1.559 infracciones, un 170% más que en 2011.

De esta forma, la Tesorería General de la Seguridad Social anuló 730 inscripciones de empresas ficticias y 44.262 altas falsas de empleados cuya finalidad era obtener indebidamente prestaciones de la Seguridad Social o autorizaciones administrativas para trabajar.

Durante el acto, la ministra ha destacado que cumplir y hacer cumplir la ley es la mejor garantía para el sistema público de pensiones, al tiempo que ha resaltado que la lucha contra comportamientos "insolidarios" es aún "más urgente" en los actuales momentos de crisis, en los que "tantos españoles están haciendo enormes sacrificios".

Desde la aprobación del plan antifraude se han incorporado a la inspección un total de 121 funcionarios, el 65% de ellos mujeres. Así, a la 'hornada' de 66 nuevos inspectores y subinspectores que acaba de sumar el Cuerpo de la Inspección, hay que añadir los 55 que se incorporaron el pasado mes de mayo.

En total, la plantilla actual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social suma 1.866 efectivos, de los que 956 son inspectores y 910, subinspectores.

Báñez ha subrayado que las actuaciones de la Inspección benefician a los trabajadores, privados de sus derechos a través del empleo irregular, a las empresas que padecen la competencia desleal de los incumplidores y a las arcas de la Seguridad Social.