El Partido Popular solicitará la adhesión de Santa Cruz de Tenerife al Fondo Social de Viviendas (FSV) en alquiler, del que se podrán beneficiar las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual.

La portavoz del PP, Cristina Tavío, ha explicado que esta adhesión permitirá resolver "definitivamente" los casos de desahucios pendientes en la ciudad al tratarse de una herramienta "eficaz" que puede solucionar "la práctica totalidad" de los desalojos.

Cristina Tavío trasladará mañana su propuesta a los titulares de los tres Ministerios implicados en este convenio (Economía, Asuntos Sociales y Fomento) aprovechando su participación en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que tendrá lugar en Madrid bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

La responsable popular ha indicado que la creación del FSV es una "buena noticia" para "muchas familias al límite de sus posibilidades", y confía en terminar "de una vez por todas" con el "triste espectáculo" de los desahucios en la capital gracias a "una medida extraordinaria que huye del efectismo mediático y pasa de las intenciones a la acción, planteando una salida real al problema".

Pablo Matos, diputado nacional y concejal en Santa Cruz, defenderá ante el Pleno del próximo viernes una moción en la que los populares piden la incorporación del Ayuntamiento al convenio que desarrolla el Fondo Social de Viviendas, para actuar a partir de ese momento en la aplicación del mismo como entidad colaboradora.

Matos ha querido recordar que la solución de los alquileres sociales ya se apuntaba en el Protocolo Antidesahucios aprobado por el Ayuntamiento el pasado mes de mayo, a propuesta del presidente de la Comisión de Quejas y Sugerencias, Guillermo Guigou, y confió en encontrar la misma unanimidad para esta adhesión.

Según explicó el diputado, las Cláusulas 7 y 8 del nuevo convenio prevén la posibilidad de que las entidades locales se adhieran al mismo, comprometiéndose a prestar asesoramiento a quienes pidan información sobre el procedimiento para solicitar una vivienda de los fondos sociales; emitir los informes sobre la valoración de las circunstancias sociales de las familias afectadas; colaborar con las entidades de crédito, cuando así lo acuerden con éstas, en la evaluación de las solicitudes, y difundir en su territorio e informar a sus ciudadanos sobre el objeto y contenido del convenio.