El Gobierno de Canarias afirma que la finalización de la encomienda a los registradores de la propiedad por la que tramitaban los tributos cedidos de la Comunidad Autónoma se traducirá, junto al ahorro de 6 millones de euros anuales, en un impulso a la recaudación y en una "sustancial" mejora de la lucha contra el fraude fiscal.

La gestión centralizada que realizará a partir de ahora la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad permitirá cruces masivos de toda la información de los contribuyentes que permitirá detectar un mayor volumen de actos ocultos o fraudulentos. Este nuevo modelo de gestión integral también facilitará el intercambio de esa información con otras administraciones, informa la Consejería en una nota.

La centralización va a posibilitar obtener una base única de datos que no es compatible con la existencia de una gestión externa de una parte de los tributos que recauda la Comunidad, caso de la encomienda hasta ahora vigente con los registradores de la propiedad para los impuestos cedidos.

Plan especial sobre los expedientes pendientes

Por otra parte, la Consejería informa de que ha puesto en marcha un plan especial para asumir los expedientes tributarios que, presentados con anterioridad a 31 de diciembre de 2012, dejaron incompletos las oficinas liquidadoras a cargo de los registradores. Con su aplicación, se evitará su prescripción o caducidad garantizando así la recaudación sin que se produzca merma alguna en los ingresos previstos.

Tras la reciente decisión del Gobierno de extinguir la encomienda a partir del 1 de enero, los registradores optaron por no continuar con la tramitación de los expedientes iniciados antes de esa fecha y por los que han percibido sus correspondientes retribuciones.

Mientras estuvo en vigor el convenio, este colectivo retenía el importe de sus honorarios en el momento en el que los ciudadanos presentaban su autoliquidación, cobrando así de forma anticipada sus retribuciones, por lo que mantienen la obligación de finalizar su tramitación.

A pesar de esta obviedad, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió una medida cautelar dispensando a estos gestores de concluir estos expedientes, una decisión que ha sido recurrida por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.

Para hacer frente a esta resolución judicial provisional, la Consejería ha elaborado un plan de choque con el objeto de culminar estos procedimientos sin perjuicio de que el Gobierno inicie otras acciones legales como la reclamación de las cantidades cobradas por este colectivo, al entender que no han finalizado la gestión a la que se comprometieron.

La implantación de este plan garantizará que no prescribirán estos expedientes, salvaguardando así la recaudación prevista. Para ello, se están reforzando los recursos humanos necesarios en las oficinas tributarias y en los servicios centrales de la Dirección General de Tributos con el fin de absorber la sobrecarga de trabajo.

Entre otras medidas, se han habilitado puntos provisionales de atención al público en las dependencias de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife para la recepción de las declaraciones y autoliquidaciones presentadas por las gestorías y profesionales colegiados, de forma que se agilice el servicio al conjunto de los contribuyentes.

Nuevas aperturas

Además, en cada administración de tributos cedidos se han creado equipos de trabajo que se dedicarán en horario de tarde a gestionar los expedientes que a 31 de diciembre han dejado pendientes las oficinas liquidadoras de los registradores. Estos equipos darán prioridad a aquellos asuntos que tengan una fecha cercana a la prescripción o caducidad.

Con el fin de facilitar a los ciudadanos la tramitación de sus obligaciones, en breves semanas se procederá a la apertura de nuevas oficinas tributarias en las zonas norte y sur de Gran Canaria y Tenerife.