El CGPJ ha informado en un comunicado del expediente a Alabau, magistrada del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Denia y responsable del Registro Civil en este municipio, quien cuestionó la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales, se negó a celebrar estas bodas y rechazó la solicitud de varias parejas de homosexuales extranjeros para contraer matrimonio alegando que en su país de origen no está reconocido.
La decisión de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, que sigue las recomendaciones del servicio de inspección, se fundamenta en la posible comisión de una falta grave del artículo 418.3 y otra leve del 419.2, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El primero de los artículos establece que es falta grave "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición".
Por su parte, el artículo 419.2 se refiere a que es falta leve la desconsideración con los miembros del Ministerio Fiscal.
En el escrito que la juez dirigió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que reprodujeron algunos medios, Alabau se quejaba de haber sufrido "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y atribuía a la Dirección General de Registros hacer -en relación a los matrimonios homosexuales- "una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y propagandísticos".
Además, en este documento indicaba que el teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, se había convertido "vergonzosamente en un apéndice del Gobierno".
El Servicio de Inspección elaboró un informe en el que proponía abrir a la juez expediente por una falta grave (la relativa a las críticas al Gobierno) y otra leve por desconsideración a López Coig, pero el pasado 27 septiembre la Comisión Disciplinaria del CGPJ antes de decidir acordó abrir diligencias informativas para averiguar si fue la juez quien acordó dar publicidad al referido escrito a través del gabinete de prensa del TSJCV.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta 300 euros o con ambas, mientras que a las graves puede corresponder una multa de entre 300 y 3.005 euros.
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