El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha negado este lunes que se pueda llegar a un pacto en el caso Urdangarin por razones de Estado con el objeto de evitar un grave daño a la Casa Real porque "lo que más puede dañar a la imagen de la Corona es que puedan existir sospechas" de que se negocia.

Según ha explicado Torres-Dulce en una entrevista en Antena 3, el caso Urdangarin se encuentra en la fase final de investigación y calcula que antes de verano la Fiscalía podrá presentar su escrito de calificación de los hechos y, en torno a dentro de un año, podría celebrarse el juicio "si no se complica la última fase de la investigación que pudiera dar lugar a más imputaciones".

Sobre este último aspecto ha precisado que se trata de imputaciones ampliatorias de delitos —el pasado viernes Anticorrupción pidió que se imputara a Iñaki Urdangarin un delito fiscal—, no que se impute a otras personas en esta causa y ha descartado en todo momento que la Fiscalía vaya a ofrecer un acuerdo de conformidad para evitar la vista oral.

"El propósito de la Fiscalía es no hacer ninguna oferta de conformidad y veo difícil el horizonte de aceptar una conformidad con cualquiera de las partes del proceso", ha insistido el fiscal general, al destacar que "los hechos están claros y las pruebas son más que suficientes para ir a juicio y ninguna actividad extravagante a la procesal va a llevar a la Fiscalía a negociar en modo alguno".

En cuanto a la posibilidad de poder alcanzar un pacto para evitar daños a la Corona ante posibles revelaciones por parte del socio de Urdangarin, Diego Torres, Torres-Dulce lo ha negado con rotundidad y ha asegurado además que no ha recibido presión o petición alguna por la Casa Real: "Ni el rey me lo habría propuesto ni yo lo habría aceptado".

Torres-Dulce también ha destacado que hay indicios de delito por parte de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat, en relación con la posible existencia de cuentas en el extranjero a su nombre, que, a su juicio, competen a la Audiencia Nacional.

Torres-Dulce ha explicado que se llevó a la Audiencia Nacional una investigación abierta a raíz de una denuncia de una expareja de Jordi Pujol Ferrusola sobre la existencia de cuentas en el extranjero y respecto a la que el juez Pablo Ruz se inhibió en favor de los juzgados ordinarios al estimar que no era competencia de la Audiencia Nacional.

El fiscal general ha recordado que la Fiscalía ha recurrido esta decisión porque entiende que debe escucharse a esta mujer antes de decidir sobre la competencia de la Audiencia Nacional, aunque, a su juicio, en este caso "hay indicios de delito que competen a la Audiencia Nacional"; "sin ningún género de dudas", ha puntualizado.

Tras defender la labor de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF), de la que ha destacado que es "extremadamente especializada" y tiene "acreditados procesos con eficacia y eficiencia", ha enumerado las tres investigaciones abiertas a los Pujol: la de la Audiencia Nacional, otra en los juzgados de instrucción por una denuncia del empresario Javier de la Rosa y la tercera en Barcelona a raíz de una denuncia del Colectivo Manos Limpias sobre la que está pendiente el informe de la Fiscalía.