La consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, ha asegurado que "nuestra voluntad de mediación es total y absoluta" en el conflicto entre las monitoras de comedor escolar y las empresas, pero ha incidido en que se trata de la negociación de un convenio colectivo y "el Departamento no puede fijar las condiciones laborales de esos trabajadores".

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, tras firmar un convenio con el consejero de Industria y presidente del IAF, Arturo Aliaga, ha indicado que este es un "conflicto laboral", si bien "es voluntad del Departamento resolver el problema porque nos preocupa la atención a los niños y somos conscientes del problema que genera a las familias".

Serrat ha precisado que "no consta en ningún archivo del Departamento que las monitoras de comedor hayan solicitado una intervención del mismo, ni ninguna entrevista" y "hemos revisado todo los correos de 2012".

"Nuestra disponibilidad ha sido total y absoluta en cualquier momento hasta el extremo de que ayer las representantes de las monitoras se presentaron en el Departamento a las tres menos diez de la tarde y fueron atendidas", ha sostenido.

Además, ha recordado que las trabajadores convocaron la huelga en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) "y no en el Departamento" el día 26 de diciembre y dos días después, les "citamos" para el día 3 de enero "para poder informarnos e informar", pero "no acudieron a nuestra llamada".

Así, "fijamos los servicios mínimos para garantizar la atención de los niños, que creemos que es el elemento fundamental", de un 50 por ciento para todos los centros, salvo para los de educación especial y para los niños del medio rural que utilizan el transporte escolar, donde eran del cien por cien ya que los niños de los centros de educación especial "tienen dificultad para coger el alimento y llevárselo a la boca y la atención tiene que ser muy especial", mientras que en el medio rural "el número de niños es muy pequeño y las obligaciones de la Administración son superiores".

Servicios mínimos

El primer día de la huelga, el 8 de enero, los servicios mínimos "se cumplieron en unos casos y en otros se incumplieron" y a última hora de esa jornada "recibimos una resolución de suspensión" de esos servicios mínimos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que, al día siguiente, los fijó.

Respecto a la crítica de los sindicatos de que si la Administración no fuera morosa con las empresas, posiblemente este conflicto no se hubiera producido, la consejera ha opinado que son los empresarios "los que tienen que decir si hay problemas con la Administración y me consta que han dicho que no hay problemas".

Ha añadido que "nosotros cumpliremos nuestras obligaciones con los empresarios" y "espero que en la reunión del SAMA" que se celebra este viernes "lleguen a un acuerdo para resolver el conflicto".

Por otra parte, ha comentado que los servicios mínimos fijados por el juez "son de obligado cumplimiento" y si los sindicatos no están de acuerdo con ellos, pueden recurrir la decisión, "pero, en tanto en cuanto no haya otra resolución, son de obligado cumplimiento".

En esta línea, ha apuntado que "estamos hablando de atención a niños, de un servicio complementario en educación, pero básico para la conciliación de la vida familiar y laboral y la atención a los alumnos".

Asimismo, ha agradecido el "esfuerzo" de los centros educativos "para atender a los niños y garantizar su seguridad" porque "cuando hablamos de atención en la infancia hay que anteponer la seguridad y tranquilidad a todo lo demás".

Al respecto, ha reconocido que "sé que están pasando por una situación complicada porque son muchos niños y se ha generado una incertidumbre y desconcierto y, por eso, instamos al acuerdo y pondremos toda la carne en el asador, pero no puedo permitir que se acuse al Departamento de mentir cuando está contrastado cuál ha sido el camino y criterio cronológico que hemos seguido en todos los momentos".