El Principado niega que recurra a "atajos o argucias legales" para aplicar el impuesto a la banca

El consejero de presidencia del Principado de Asturias y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, ha negado este miércoles que el Gobierno asturiano esté optado por "un atajo o argucia legal" para la aplicación del impuesto a la banca, que con la aprobación de la enmienda de los socialistas a los presupuestos de 2013 entrará en vigor el 30 de diciembre, dos días antes del que el Gobierno central aplique el suyo de tasa cero a partir del 1 de enero.
Guillermo Martínez.
Guillermo Martínez.
ARMANDO ÁLVAREZ
Guillermo Martínez.

El consejero de presidencia del Principado de Asturias y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, ha negado este miércoles que el Gobierno asturiano esté optado por "un atajo o argucia legal" para la aplicación del impuesto a la banca, que con la aprobación de la enmienda de los socialistas a los presupuestos de 2013 entrará en vigor el 30 de diciembre, dos días antes del que el Gobierno central aplique el suyo de tasa cero a partir del 1 de enero.

"Hemos jugado siempre con las cartas boca arriba y así continuamos. Fue en todo caso el Gobierno central el que se pronunció a posteriori, no existe ningún atajo, ninguna argucia legal ni acciones preventivas, hemos sido siempre muy claros en todo el proceso", ha indicado Martínez.

En rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, Guillermo Martínez, ha indicado que los servicios jurídicos del Principado siguen analizando la posible situación de confrontación con el Estado y recurrirán ante las instancias que considere necesarias para defender este impuesto, pero ha advertido de que "no existen recursos preventivos de inconstitucionalidad".

Así, el portavoz del Ejecutivo asturiano ha insistido en que "nada ha cambiado desde hace una semana" y el Principado cuenta con capacidad tributaria para poner en marcha este impuesto. "Esperamos que de ese impuesto sobre la banca se beneficie todo el conjunto de asturianos", ha indicado Martínez, que ha insistido que les asiste la capacidad normativa del Gobierno regional.

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