El proyecto se convertirá en ley en los próximos seis meses y más que dirigirse a los deportistas está diseñado a atacar a las redes de suministro y a quienes administran las drogas.
'Este es un gran paso adelante. El principio de tolerancia cero se va a convertir en una realidad en este país', dijo el secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky.
'Nos dijeron que ya estaba bien de que los únicos paganos fueran los deportistas. En una vida corta en activo, dos años es muchísimo tiempo y había que impedir que algunos se fueran 'de rositas'. Si se demuestra que el entorno está sugiriendo, inyectando o induciendo puede ir a la cárcel', advirtió.
'El dopaje en sí mismo será delito. Esto va a permitir que sea más sencillo demostrar que ese entorno tenga una responsabilidad desde el punto de vista penal', señaló.
En la actualidad en España, los acusados de implicación en un caso de dopaje sólo pueden ser condenados si se demuestra que han cometido un delito contra la salud pública.
La pena más dura que se contempla en la ley incluye sentencia de prisión de entre seis meses y dos años, aunque las sanciones pueden reducirse si los acusados colaboran.
Los condenados por incitar el uso de drogas pueden ser suspendidos de sus cargos, mientras que a los médicos involucrados en la administración de sustancias ilegales se les puede retirar sus licencias y afrontar severas multas.
Los procesos judiciales se agilizarán y un nuevo órgano, la Agencia Antidopaje, se encargará de la prevención, control e investigación del dopaje dentro del país.
Tendrá competencias para organizar análisis de sangre por sorpresa en las pruebas deportivas, además de las previstas, y será considerado un delito negarse a hacerlos.
Actualmente hay una investigación antidopaje en marcha, la Operación Puerto, a raíz de unas redadas realizadas en mayo por la policía, donde se incautaron grandes cantidades de esteroides anabolizantes, sangre congelada y equipos utilizados para realizar transfusiones sanguíneas.
A los ciclistas implicados en la investigación les han dicho que no serán castigados por la Federación Española de Ciclismo (RFEC), en consonancia con una orden del juez que lleva el caso.
Sin embargo, la investigación continúa persiguiendo a dirigentes y empleados de equipos implicados en el escándalo.
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