El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco afirma que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán simuló su insolvencia patrimonial pese a pactar con el liquidador valenciano Ángel de Cabo un sueldo mensual de 100.000 euros por el traspaso de sus bienes y del grupo Marsans, hasta un total de 8 millones.

Según el auto en el que Velasco dicta prisión para Díaz Ferrán, el empresario y su socio Gonzalo Pascual urdieron una "trama" con De Cabo para traspasar "el grupo empresarial y sus derechos, así como el patrimonio personal y familiar de los primeros al entramado de este último, creando una aparente insolvencia".

El traspaso permitió a De Cabo detraer activos del grupo Marsans por al menos 30 millones de euros, que habrían beneficiado directamente a Díaz Ferrán y que explican el importe de su fianza. El juez insiste en que la insolvencia de Díaz Ferrán y Pascual no era real porque pactaron cobrar de De Cabo 100.000 euros mensuales hasta un total de 8 millones de euros cada uno, lo que sólo se cumplió en el caso del expresidente de la CEOE.

Así, mientras que Díaz Ferrán cobraba acudiendo "cada dos o tres semanas" a la sede valenciana del despacho de abogados de De Cabo, Pascual "no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento". El juez deja constancia que "el móvil que explica su actividad delictiva dolosa" era la ocultación de patrimonio y "el apoderamiento definitivo económico para frustrar el derecho de crédito de sus más de 10.000 acreedores".

Así, "han maquinado operaciones para, lucrándose, repartirse efectivo y patrimonios, detrayéndolos a sus legítimos acreedores", que eran los empleados y empresas proveedoras de Marsans. El juez de la Audiencia Nacional explica que, como parte de esa estrategia, Ángel de Cabo tomó el control del grupo Marsans a través de Posibilitumm Business y empezó a detraer tesorería y activos de las empresas que componían el conglomerado.

"El grupo Marsans es uno de los objetivos de la organización de De Cabo, de modo que bajo la promesa de solucionar sus problemas económicos, desembarca en Marsans y lejos de solventar su situación, se vale de su posición" para vaciar las diferentes empresas, afirma el auto. "Sirva como ejemplo que tanto bienes muebles como inmuebles del grupo Marsans, así como patrimonio familiar de sus dueños, se encontraría en la actualidad en posesión de De Cabo y su entorno", añade.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha decidido por estos motivos imponer una fianza de 30 millones de euros a Díaz Ferrán para evitar la cárcel, que es la segunda más alta tras la de De Cabo. El magistrado explica también que los hechos "tienen tal gravedad penológica y social que, pese al arraigo español, imbuyen un riesgo de fuga y elusión de la acción de la justicia". El magistrado de la Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible con agravante por ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal por el concurso de acreedores del grupo Marsans, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Díaz Ferrán ha negado al juez que tenga bienes en el extranjero o dinero en paraísos fiscales y ha descargado las responsabilidad de la gestión de la empresa de transporte por carretera Trapsa en su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio. Según fuentes jurídicas, Díaz Ferrán ha rechazado cualquier responsabilidad en la supuesta trama y ha negado haber incurrido en conductas delictivas.

Así, ha apuntado que vendió Marsans a Ángel de Cabo por la crisis y que posteriormente se desentendió del grupo, aunque la Fiscalía sospecha que acordó con él el vaciamiento de la compañía, y por ello el representante del ministerio público ha pedido prisión incondicional para el empresario. Díaz Ferrán ha señalado que sus únicos bienes en el extranjero son dos apartamentos en Nueva York y ha reconocido que había intentado vender algunos de sus bienes porque preveía que se los iban a embargar.