El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estudia proponer al Ministerio de Industria la apertura de un expediente contra la central nuclear de Ascó (Tarragona), tras encontrar en 2011 problemas con la trazabilidad de 250 fuentes radiactivas, según han explicado a Europa Press fuentes del regulador atómico.

Fuentes de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), titular de la central, han asegurado a Europa Press que este hallazgo corresponde a una inspección de 2011, hecha pública en marzo de 2012, que detectó "una disfunción documental" con fuentes radiactivas de baja intensidad.

Las mismas fuentes precisan que algunas de ellas, incluso, tienen muy baja actividad radiológica, y han asegurado que una vez evidenciado el error, la planta llevó a cabo una verificación de las fuentes de baja actividad.

El CSN, por su parte, precisa que la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear se encuentra en estos momentos en la asesoría jurídica del Consejo y tiene que ser sometida a estudio de la Comisión Técnica y del pleno del CSN, para decidir si se traslada o no a Industria, quien decidirá sobre el expediente.

El motivo de este expediente sería el hallazgo declarado en el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales Nucleares (SICS) en el cuarto trimestre de 2011 en el área de protección radiológica y calificado como blanco.

El SICS cuenta con un sistema de valoración similar a un semáforo con cuatro niveles distintos, el más bajo es el verde, que supone que el hallazgo no tiene significación para la seguridad; el siguiente es el blanco, estadio de valoración intermedio entre una significación media y moderada; el amarillo, comportaría una significación moderada; y el rojo, alta. Fuentes del Consejo subrayan que un hallazgo de nivel blanco implica que la central continúa funcionando de forma segura.

Concretamente, según se señala en el SICS, una inspección del 4 de octubre de 2011 no pudo constatar dónde se almacenaban documentalmente en Ascó las 233 fuentes radiactivas encapsuladas que se contabilizan en el programa general de residuos radiactivos (PGRR).

En este sentido, advertía de que, el titular habría perdido la trazabilidad del paradero de unas 250 fuentes radiactivas y añadía que, según el inventario entregado por el titular a la inspección, serían fuentes que habrían sido almacenadas en bidones, parte de los cuales se habrían enviado a la instalación de El Cabril, sin existir documentación que lo avalase.

Otras fuentes se habrían depositado en el interior de bidones que estarían todavía almacenados en el almacén temporal de residuos radiactivos (ATRS) de la central, junto con residuos de diversa naturaleza, constatando la inspección "discrepancias entre lo indicado en el inventario o transmitido verbalmente a la inspección, y lo indicado en la documentación de los bidones".

Además, señalaba que en el caso de fuentes líquidas no se disponía de los controles de las eliminaciones realizadas con posterioridad al año 2005.

En cuanto al control de fuentes de alta actividad, añadía que no se disponía de las fichas de ocho fuentes que en el inventario del titular constan como de alta actividad. Por ello, consideraba que el titular había incumplido el Manual de Protección Radiológica, el Manual de Garantía de Calidad, el procedimiento sobre el control de la eliminación de fuentes líquidas y el Real Decreto sobre fuentes de alta actividad y fuentes huérfanas. Este hallazgo afectaba a las dos unidades de la central.

"Al desconocer con precisión la situación y el estado de un número considerable de fuentes radiactivas en desuso, hay que estimar cuál sería la capacidad del titular para calcular las dosis que se podrían producir en un potencial caso de liberación inadvertida de material sólido contaminado y cuál sería el impacto en el público en el caso hipotético de una pérdida de control de materiales radiactivos fuera de las zonas en las que se pueden generar o almacenar", agregaba.

En este sentido, consideraba que el titular tendría degradada la capacidad de aportar datos fiables que permitieran determinar con la precisión necesaria la actividad que podría verse implicada en un hipotético caso como el mencionado y las circunstancias asociadas, así como que probablemente la mayoría de las fuentes se encontrarían en El Cabril, por lo que el hallazgo se categorizó como blanco.

La nuclear de Ascó, que obtuvo el permiso de renovación de su licencia de explotación por 10 años más, ha sufrido la mayor multa de la historia nuclear española, —15,4 millones de euros—, por la fuga de partículas radiactivas en 2007 que no declaró en un primer momento.

Comparecencia de ten

La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, comparecerá este jueves 29 de noviembre, en el Congreso para dar cuenta del plan de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo cese de actividad está previsto para julio de 2013, así como para detallar los resultados de las pruebas de estrés realizadas sobre las plantas atómicas españolas, exigidas por Europa tras el accidente nuclear de Fukushima (Japón) en 2011.

Además, tendrá ocasión de aportar las primeras pinceladas sobre el proyecto del Gobierno para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, en Villar de Cañas (Cuenca), a partir del próximo año. Igualmente, dará cuenta de los informes de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear de 2010 y 2011.