La Declaración de Cádiz, documento final que será aprobado el sábado por los jefes de Estado presentes en la XXII Cumbre Iberoamericana que se celebra en la ciudad, tiene un marcado carácter económico y pide un impulso a las políticas de crecimiento, aunque rechaza "las políticas cambiarias que puedan tener potenciales efectos negativos sobre el comercio internacional".

El texto se fija en seis aspectos: el desarrollo económico al servicio de los ciudadanos; las infraestructuras y el uso sostenible del agua, la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas y la innovación; el fortalecimiento de las instituciones; la educación y el impulso al espacio cultural iberoamericano; y el fomento a la "creación de trabajo decente".

Los dirigentes apuestan por impulsar el comercio con un acuerdo "ambicioso, integral y equilibrado de las negociaciones de la ronda de Doha de la OMC" e impulsar políticas que favorezcan su vertiente internacional, con acuerdos comerciales "orientados a evitar el proteccionismo y a reducir medidas que distorsionan y obstaculizan el comercio".

Respalda asimismo potenciar los mercados regionales y políticas contracíclicas, además de que la comunidad iberoamericana participe activamente en el debate sobre la necesidad de una "reforma y fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional", que promueva "mayor estabilidad en los sistemas financieros, políticas de regulación, acceso a recursos financieros y crecimiento económico".

Defiende además "fortalecer reglas claras, estables y previsibles que ayuden a promover las inversiones productivas nacionales y extranjeras, de cuerdo con las leyes de cada país". Pero pide "administrar con mayor rigor el ingreso de flujos de capital para evitar la sobrevaluación de las monedas locales" que determinarían condiciones de competencia desfavorable para la producción nacional.

Los mandatarios se pronuncian por impulsar el comercio internacional de servicios y el desarrollo de infraestructuras, favoreciendo la interconectividad territorial que potencia el flujo del comercio y el turismo, y favorece a las comunidades más aisladas.

En los apartados político y social, la Declaración de Cádiz respalda el fortalecimiento institucional y que se adopten políticas que incrementen la información que los estados deben hacer pública.

Reconoce que la violencia provocada por la delincuencia organizada transnacional, especialmente por el narcotráfico, la trata de personas, de armas y de inmigrantes, y el lavado de dinero "representa una grave amenaza para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos". Por ello, respaldan una mayor coordinación de los esfuerzos y la cooperación para combatir esos fenómenos.

La declaración, por último, expresa la satisfacción de los mandatarios por el ingreso en la Conferencia Iberoamericana de la República de Haití como Observador Asociado.