El líder de CiU y favorito a la reelección, Artur Mas, impulsará una declaración de la mayoría de las fuerzas políticas del Parlament a favor del "derecho a decidir", que usará como carta en la negociación con el Gobierno.

La intención de CiU de promover una consulta soberanista en Cataluña abrirá, en caso de amplia victoria tras el 25-N, una doble secuencia: primero instar al Gobierno a cambiar la ley estatal para permitir un referéndum y, si no lo logra, impulsar una ley autonómica de consultas que lo posibilite.

Así lo han confirmado esta semana fuentes de CiU, según el escenario que dibuja la federación nacionalista en el caso de resultar vencedores en las elecciones catalanas del 25 de noviembre. En caso de revalidar mandato, tanto si tiene mayoría absoluta como si logra una amplia victoria, el futuro ejecutivo de Artur Mas justificaría que una mayoría de catalanes esté a favor de su promesa electoral de convocar una consulta popular sobre un Estado propio para Cataluña en el plazo de cuatro años.

La inclusión en el programa de CiU de esta promesa ha llevado a los partidos que concurren en estas elecciones a posicionarse sobre esta cuestión, con un PPC y Ciutadans que rechazan esta consulta y los partidos de izquierda que la apoyan, aunque con matices.

En este sentido, ERC cree que es viable formular una consulta independentista en un plazo no mayor de dos años, mientras que ICV-EUiA apuesta, en genérico, por el "derecho a decidir" y el PSC por una consulta legal y pactada aunque ha dejado claro que rechaza el independentismo en favor de un modelo federal.

El candidato de CiU y presidente de la Generalitat impulsará como primera medida, si revalida mandato, una declaración de la mayoría de las fuerzas políticas del Parlament a favor del "derecho a decidir", que también usará como carta en la negociación con el Gobierno.

Entre los fundamentos de la declaración, adelantados por Mas durante esta campaña, destaca que la legalidad, la transparencia y la democracia deben regir el proceso de la consulta a la ciudadanía. Mas defiende en sus discursos que, para hacer el referendo, se apoyaría en "marcos legales disponibles o que se puedan crear", tanto en el "ámbito catalán, español, europeo o internacional", pero la realidad es que, al menos en España, la Constitución no contempla la celebración por parte de una autonomía de consultas vinculantes.

El Gobierno ya ha advertido que la Constitución no ampara el derecho a la autodeterminación ni contempla la secesión de un territorio.

En esta línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya avisó de que el Tribunal Constitucional suspendería la convocatoria de un referendo de autodeterminación, por lo que, si se lleva a cabo, sería "un golpe de Estado en términos jurídicos" y recalcó que, con la Constitución en la mano, es "absolutamente imposible" convocar esa consulta.

En la escena internacional, a la que Artur Mas se refiere reiteradamente, tampoco está regulada la celebración de consultas, según los nacionalistas: la Carta de las Naciones Unidas incluye el derecho a la autodeterminación de pueblos, pero en los tratados de la UE no está especificado cómo se debe articular procesos de estas características, sin precedentes en el bloque comunitario.

Así, ante la posibilidad de no hallar suficientes avales legales ni en España ni en Europa, CiU prevé reintroducir en el Parlament la ley de consultas que quedó a medio trámite parlamentario en la anterior legislatura por el adelanto electoral.

Teniendo en cuenta las posiciones ya expresadas en la última legislatura, la ley de consultas, aunque con matices, contaría con el apoyo de ERC, Solidaritat e ICV-EUiA, una suma suficiente para aprobarla si se cumplen los sondeos, mientras que el PPC y Ciutadans se opondrían.

Por su parte, el PSC está a la expectativa de cómo se redacta el texto legal, pero su líder, Pere Navarro, defiende que la consulta tiene que ser vinculante, legal y previamente pactada con el Estado.

Ante un previsible recurso al Tribunal Constitucional (TC) por parte del Gobierno, los técnicos del Govern de CiU preparan una ley de consultas "con pocas fisuras" por las que se pueda impugnar la normativa, según las fuentes consultadas.

Una de las características que evitaría, según CiU, una eventual intervención del TC es que la nueva ley catalana sólo contemplaría consultas no vinculantes.

De esta manera, si la consulta se realiza finalmente según la normativa catalana, el resultado no sería vinculante, pero, en caso de que fuera favorable al Estado propio, el Govern lo presentaría en España y a nivel internacional como una prueba "válida" de la voluntad del pueblo catalán, para así de forzar una negociación.