La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha absuelto a dos promotores inmobiliarios, José M.C. y María Celeste R.N., de un delito de estafa agravada, por haber vendido tres oficinas en las que habían realizado obras para convertirlas a viviendas, pero para las que no habían solicitado licencia relativa al cambio de uso.

En la sentencia se considera probado que estas dos personas, administradoras de la firma Emprovialt, adquirieron tres locales en la calle Urzaiz en 2004, los cuales les habían sido ofrecidos con el valor añadido de que "la división horizontal permitía el cambio de uso de locales a viviendas". Una vez hechas las obras para este cambio de uso, los acusados vendieron los tres pisos a tres personas, las cuales siguen actualmente viviendo en ellos.

Sin embargo, al no haber pedido licencia para el cambio de uso —sí se pidió para la realización de obras menores— la comunidad de propietarios denunció lo ocurrido ante el Ayuntamiento antes de que se produjesen las ventas de los pisos.

La Administración local finalmente ordenó la reposición a la situación anterior por haberse contravenido las Normas do Hábitat, declarando la "imposibilidad de legalizar las actuales viviendas", si bien "no consta" que hubiese dirigido alguna notificación a los acusados antes de que los pisos fueran vendidos.

Obras ilegalizables

Así, la sentencia "no considera acreditado que los acusados conocieran en el momento de la venta de los inmuebles" que las obras de cambio de uso "eran ilegalizables", teniendo en cuenta que ellos mismos compraron los locales "precisamente por la posibilidad que les ofrecen de realizar el cambio de uso". Además, añade que "por esa posibilidad pagaron un precio superior por los inmuebles".

De igual modo, indica que "aunque ciertamente no presentan en el Ayuntamiento de Vigo la oportuna solicitud acompañada de un proyecto técnico visado para cambio de uso", estas dos personas sí se asesoraron con un técnico-proyectista.

La resolución judicial indica además que "aún siendo cierto que los acusados llevan a cabo las obras de transformaciones de locales en viviendas sin solicitar licencia administrativa de cambio de uso, inscriben en el Registro de la Propiedad el cambio de uso por manifestación y venden los inmuebles como viviendas", no puede excluirse que realizaron las ventas "desde el entendimiento de que las obras eran legalizables".

Así, especifica que, de haber sabido estos que "las obras realizadas sobre los inmuebles vendidos eran ilegalizables" en este caso habría delito de estafa.

Por todo ello, la Audiencia absuelve a los dos acusados, para quienes la Fiscalía solicitaba 7 años de prisión en cada caso, así como indemnizar conjuntamente a las tres personas que compraron los pisos con más de 300.000 euros en total. La sentencia admite recurso.