El PSOE pide al Gobierno riojano un turno especial de abogados de oficio para los desahuciados

El secretario general del PSOE riojano, Cesar Luena, ha pedido hoy al Gobierno riojano la puesta en marcha de un turno especial dentro de los abogados de oficio para aquellas personas que se vean abocadas a un desahucio.

El secretario general del PSOE riojano, Cesar Luena, ha pedido hoy al Gobierno riojano la puesta en marcha de un turno especial dentro de los abogados de oficio para aquellas personas que se vean abocadas a un desahucio.

Luena ha ofrecido una rueda de prensa dentro de la campaña emprendida por el PSOE en toda España para presentar la proposición de ley que presentó el pasado 25 de octubre en el Congreso de los Diputados contra el desahucio, la insolvencia y el sobreendeudamiento familiar.

El responsable riojano ha pedido al Ejecutivo regional que firme un convenio con el Colegio de Abogados y Procuradores para que se ponga en marcha un turno especial de oficio para los desahucios, del mismo modo, ha dicho, que existe uno para las víctimas de la violencia machista.

De este modo, ha dicho, se respondería a una "situación de indefensión vergonzosa" a la que hacen frente "las familias que se quedan sin casa pero, aún así, continúan con la deuda".

Para Luena, es necesario "renovar conciencias" y llegar a "un acuerdo de dignidad y decencia moral". "Sobre todo", ha dicho, "ahora que los bancos están recibiendo dinero del Banco Central" y, a la vez, se están comportando como "usureros".

Ley antidesahucios

La ley propuesta por el PSOE pretende, en primer lugar, evitar el sobreendeudamiento. Así, tal y como ha explicado Luena, incluye que no se destine más del cincuenta por ciento de los ingresos familiares a pagar la deuda.

Además, según la misma, el valor de la tasación para la ejecución de un bien por impago no podría ser inferior al valor de tasación del momento en que se hizo el préstamo.

En caso de llegar a la dación en pago, se podría seguir usando la vivienda, por parte de quien la acaba de perder, a cambio de un alquiler social.

Bancos y cajas que reciban ayudas públicas estarían obligados a aceptar la dación en pago, a la que se podrían acoger familias con ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM; y se establecerían "moratorias" de la deuda para tener más tiempo para pagar.

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