La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Murcia ha denunciado públicamente que los ERE's en Administraciones Públicas "suponen despidos masivos de empleados públicos". Tras la publicación en el BOE del Reglamento de Despido Colectivo aprobado el pasado viernes en RD por el Consejo de Ministros, teme que, a partir de ahora, lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Totana "se convierta en el día a día de las administraciones".

Según comenta, el Ayuntamiento de Totana "ha aplicado un despido colectivo, primero a interinos y después a personal laboral y lo ha hecho sin atender a las alternativas propuestas por el Comité de Empresa".

El Reglamento afecta al colectivo conocido como personal laboral contratado, unos 700.000 empleados, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público, un grupo de unos 140.000 trabajadores.

Además de la definición de las causas de los despidos colectivos en la Administración, el reglamento también aclara cómo tienen que desarrollarse los expedientes de regulación de empleo, sean del tipo que sean (despidos colectivos, suspensiones temporales de empleo, reducción de jornada y sueldo).

Se detalla "la documentación que las empresas tienen que presentar para justificar un expediente de regulación de empleo (ERE) o se obliga a que en el tiempo obligado de negociación (un mes en las empresas de más de 50 trabajadores) haya al menos tres reuniones entre los representantes de los trabajadores y el empresario".

El secretario general de FSP-UGT Murcia, José López, explica que gracias a este Reglamento cuando la Administración de turno opta por aplicar un despido colectivo, "su aprobación resulta prácticamente inmediata".

Mientras en el sector privado "permite un cierto margen para atenuar mediante la negociación las posibles consecuencias del despido, en el sector público se establece la presunción de que, como quien despide es una Administración Pública, el despido resulta inevitable tal cual".

"Si un Ayuntamiento lo ha llevado a cabo antes de entrar en vigor la nueva normativa, mucho nos tememos que a partir de ahora serán más los que puedan ver en este reglamento la puerta abierta al despido casi sin explicaciones en el sector público", señala.

Asimismo, FSP-UGT considera que la nueva normativa "supone un ensañamiento del Gobierno con el personal laboral del Sector Público, al impedir legalmente la aplicación de medidas menos dañinas para el empleo como los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) o la reducción de jornada".

Finalmente, López considera que "la intención última de este Real Decreto no parece, en ningún caso, una mejor gestión en los servicios públicos, sino el recorte de empleo lo más barato posible; un motivo más para sumar a la larga lista ya existente y hacer huelga el próximo 14 de noviembre".