El Ministerio de Empleo llevará a la próxima reunión de la mesa del Pacto de Toledo varios informes con medidas y sugerencias para dificultar las jubilaciones anticipadas, "desincentivar" el abandono temprano del puesto de trabajo por motivos de edad y eliminar las cláusulas de jubilación obligatoria de los convenios colectivos.

La pensión media de jubilación en España estaba en 923 euros en 2011La ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó este viernes, tras el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo quiere acerca la edad real de jubilación, los 63 años, a la legal, que se encuentra situada en los 65 años. Báñez aseguró que, en todo caso, la prolongación de la vida laboral será "voluntaria", pero destacó que el Ejecutivo fomentará "alternativas" a la fórmula de jubilación anticipada, aunque no detalló cuáles.

Aunque Báñez no se refirió a ello, en el fondo de esta reforma se encuentra la voluntad del Gobierno de aligerar la carga que estas jubilaciones suponen para el sistema nacional de pensiones, sobrecargado también por el envejecimiento de la población y lastrado por la recesión económica, que ha disparado el paro y ha reducido significativamente el número de cotizantes a la Seguridad Social. Estos trabajadores son los que sostienen la caja común.

Como ejemplo de este coste, Báñez mencionó que la pensión media de jubilación en España ha pasado de 591 euros en 2002 a 923 euros en 2011.

En paralelo a esta medida, el Consejo de Ministros aprobó este viernes la imposición de peajes económicos a aquellas empresas de más de 100 miembros que, habiendo obtenido beneficios, utilicen la fórmula del expediente de regulación de empleo (ERE) como método para librarse de los trabajadores de más de 50 años.

A partir de ahora, estas empresas tendrán que sufragar —en un plazo no mayor de 45 días— parte de los costes mediante aportaciones al Tesoro Público por cada empleado del que prescinda. Las cantidades se calcularán teniendo en cuenta el total de las prestaciones contributivas por desempleo y los subsidios por desempleo. Si en los seis meses siguientes alguno de sus trabajadores consiguiera recolocarse, se descontarían sus cantidades.

Esta norma, que ya aprobó el PSOE pero solo para las empresas de más de 500 empleados, será aplicable a los procedimientos iniciados a partir del 27 abril 2011, fecha en la que los socialistas aprobaron la ley.

Fátima Báñez también informó de que, entre las decisiones tomadas este viernes, se encuentra la de eliminar la autorización previa para que las empresas puedan realizar despidos colectivos mediante ERE.

Este visto bueno, que obligaba a revisar las condiciones y frenaba en primera instancia un número importante de expedientes, se sustituye por una "comunicación" de la empresa hacia su ministerio. Báñez negó que esto suponga un desamparo de los trabajadores. En su lugar, se le dará "toda la relevancia" al período de consultas entre la empresa y sus empleados y la autoridad laboral deberá emitir un informe preceptivo del proceso.

También se incorpora como novedad a la reforma laboral aprobada en febrero la obligación de que las empresas que despidan a más de 50 trabajadores elaboren un plan de recolocación externa para hacer más fácil su salida del paro.

En el caso de las empresas públicas, las administraciones de las que dependan (Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos), solo podrán utilizar el ERE si más del 50% de sus ingresos provienen de su actividad en el mercado.