La vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la aprobación en Consejo de Ministros de la reforma de la Ley de Costas, que será remitida "inmediatamente" al Congreso y que supondrá un indulto de hasta 75 años —respecto a su demolición— a unos 3.000 chiringuitos y a miles de viviendas en suelo público cuyas concesiones iban a vencer en los próximos años.

Se estima que hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarán alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición. De este modo, el Gobierno pretende acabar "con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas" que ha permitido, según el ministerio, la proliferación de diversas ocupaciones irregulares.

Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabiliziar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).

Los plazos máximos de las concesiones se ampliarán hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el DPMT. Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.

En cualquier caso, Medio Ambiente precisa que no se trata de "una prórroga indiscriminada" ya que en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera "será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga".

La norma, ha explicado el ministro de forma más extensa, amplía las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años y permite la compra venta, entre otros puntos. Se concede una prórroga de hasta 45 años en las concesiones de las viviendas junto al litoral, ya que, hasta ahora, los derechos del uso concdedidos a los propietarios eran de 30 años, prorrogables, en algunos casos, a 60 años.

Sáenz de Santamaría ha explicado, por su parte, que la ley de 1988 "no ha cumplido sus objetivos de protección de litoral", del medio ambiente y de seguridad jurídica. Así, el nuevo texto se encargará de "proteger la riqueza medioambiental", "nos librará de atrocidades urbanísticas" y servirá, en palabras de la portavoz, para "dar confianza a los propietarios y concesionarios" de viviendas e inmuebles como los chiringuitos.

El Gobierno asegura que "la Comisión Europea ha valorado muy positivamente el texto" y ha recordado que incluye la denominada "claúsula algarrobico", que incrementará "la protección de las playas", sobre todo las vírgenes, frente a construcciones ilegales.

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha añadido que el litoral español, que cuenta con 10.000 kilómetros de costas, tiene actualmente "un problema muy importante" y ha insistido en que la ley "refuerza la prohibición de nuevas edificaciones" y que no supone, en ningún caso, "una amnistía para edificaciones ilegales".

Respecto al resto de las modificaciones, la nueva normativa define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, según Medio Ambiente.

La reforma también introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá "un nivel de protección mayor" al vigente.

Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales para evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.

Otra medida contempla el impedimiento de nuevas edificaciones en el DPMT y la prohibición de que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan un aumento de volumen, altura o superficie. Por otro lado, para lograr una completa seguridad jurídica, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos por lo que los bienes de DPMT deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.