El Banco de Valencia ha comenzado a ejecutar lo que denomina un “proceso de redimensionamiento” con la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 485 trabajadores (el 23% de su plantilla) y que afectará a 70 oficinas. Los 1.000 millones de euros que le inyectó el Banco de España tras ser nacionalizado tenían contrapartidas en forma de cumplimiento de condiciones y esta es una de ellas.

Esta entidad está gestionada desde 2011 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España. Sus problemas de solvencia, que luego se repitieron en su antigua matriz, Bankia, hicieron necesaria una inyección de dinero público. Sin embargo, los problemas del sector financiero en su conjunto obligaron al Gobierno a solicitar un rescate para la banca a sus socios europeos, lo que añadía más vigilancia y condiciones aún más estrictas para las entidades financieras que recibieran fondos públicos.

Es en este marco donde los nuevos gestores del Banco de Valencia sitúan el plan de ajuste laboral. Según indican fuentes de la dirección, la histórica entidad «ha iniciado un proceso de redimensionamiento que le permitirá racionalizar su estructura y cumplir con las exigencias» del Eurogrupo hacia España.

Plazos y negociación

Las intenciones de los directivos pasan por tener finalizado el ERE en el primer trimestre del próximo año. Por el momento, han decidido iniciar las negociaciones con el comité de empresa la semana que viene y esperan que el proceso sea “ordenado y consensuado”.

Escenario tras el ajuste laboral

Las intenciones de los gestores que llevan las riendas del Banco de Valencia pasan por dejar la entidad con 350 oficinas y 1.600 empleados una vez ejecutado el despido colectivo que van a presentar. De este modo, perderá más del 16% de  su actual red de sucursales. En cuanto a su actividad, quieren potenciar la que consideran “línea de negocio tradicional de clientes, tanto particulares como pequeñas y medianas empresas”.