El Parlamento aprueba por amplía mayoría la Ley de Dependencia

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas recibió la luz verde con 295 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El texto será remitido ahora al Senado para su debate y aprobación.

'Millones de ciudadanos en nuestro país tendrán, por primera vez en la historia de nuestra democracia, derecho a ser atendidos por parte de las administraciones públicas cuando la enfermedad, la edad o la mala fortuna les impidan valerse por sí mismos para realizar aquellos actos básicos de la vida diaria', dijo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante el debate parlamentario.

Caldera reconoció que la ley había salido mejorada en su tramitación parlamentaria y agradeció a los diputados su esfuerzo.

'A veces es difícil aceptar que otros puedan mejorar tu trabajo pero yo quiero hacerlo aquí en nombre del Gobierno de España y de todos, porque con su trabajo, sus aportaciones, su sensibilidad han mejorado este proyecto de ley', declaró .

La ley creará el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), para cuya puesta en marcha el Gobierno aportará 12.638 millones de euros.

El SAAD, que también estará financiado por las administraciones autonómicas, dará prioridad a la prestación de servicios, como ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia y plazas residenciales, además de las prestaciones económicas.

'Hoy adquirimos un nuevo compromiso con todas aquellas personas dependientes, un compromiso de atender también de forma prioritaria a los grandes dependientes y a sus familias', dijo la diputada del PP María Salom.

El SAAD se configura como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones, desarrollados en la década de los ochenta.

Todos los grupos respaldaron la norma excepto CiU, PNV, EA y NBai, ya que los nacionalistas catalanes y vascos consideran que la ley invade competencias autonómicas en materia de asuntos sociales.

Carles Campuzano, de CiU, rechazó la ley por considerar que no es justa en términos sociales y no garantiza la financiación y choca con el reparto competencial, una posición que también defendió Emilio Olavaria, del PNV, quien señaló que el texto 'vulnera competencias autonómicas utilizando títulos competenciales transversales'.

La ley establece básicamente que los servicios de atención a los dependientes se financiará con las aportaciones de las administraciones central y autonómicas y el co-pago de los beneficiarios según su renta y patrimonio (incluida vivienda).