¿Y si se blinda a los parados frente a los desahucios? ¿Si se concediera una moratoria para las hipotecas de viviendas habituales de desempleados? Parece de justicia en los tiempos que corren, minados todos por esta galopante crisis. Y desde la Justicia llega esa propuesta.

La ha hecho el magistrado y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal  Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Edmundo Rodríguez Atxutegi. Plantea que el Gobierno adopte una moratoria legal para impedir la ejecución de hipotecas (y el posterior desahucio) de primera vivienda de las personas que no puedan hacer frente al préstamo, mientras se mantengan en situación de desempleo.

Rodríguez Achútegui sostiene que si el Estado "ha rescatado el sistema financiero o a Bankia", los bancos  deberían "rescatar también a los ciudadanos sin recursos". A su juicio, debería "garantizarse por ley" que las entidades financieras no puedan ejecutar las hipotecas de los desempleados que sirvan para adquirir la vivienda familiar, durante todo el periodo en que  permanezcan en situación de desempleo.

Según el magistrado, el sistema bancario "no sufriría perjuicio" porque la ley establecería esta moratoria "supeditada a que los  propietarios abonaran los gastos de comunidad y mantenimiento, las contribuciones fiscales y los seguros precisos para asegurar el valor de la vivienda". De este modo, la garantía sobre la que recae la hipoteca no perdería, a su juicio, "valor ni eficacia hacia el futuro".

Como contrapartida, los desempleados conservarían el derecho a utilizar su vivienda pese a no poder pagar las cuotas del préstamo, "aplazando su exigibilidad al momento en que recuperasen los medios precisos para poder afrontar su pago", pero sin que se produjeran desahucios que impidieran "el derecho a la vivienda digna que garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución".

La propuesta del magistrado ha sido bien recibida por responsables del Ayuntamiento de Bilbao y por portavoces de los sindicatos UGT y CC OO. Responsables de UGT de Euskadi aplauden la idea y se preguntan por qué esa idea no la han planteado ya los partidos políticos o el propio Gobierno.