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Un total de 91 profesionales sanitarios de Baleares se declaran objetores para seguir atendiendo a los 'sin papeles'

SemFYC propone a Sanidad que elabore un paquete básico de servicios para este colectivo

Un total de 91 profesionales sanitarios de Baleares, la mayoría médicos de Atención Primaria, han mostrado su intención de recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes irregulares o 'sin papeles' a partir del 1 de septiembre, cuando entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad por la que pierden su derecho a tener una tarjeta sanitaria.

Así se desprende de los últimos datos hechos públicos por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), que revela que en toda España, son 1.731 los médicos que se han declarado objetores, después de que el pasado mes de julio puso en marcha un registro nacional para que los facultativos de este colectivo mostraran su rechazo a esta medida, aunque posteriormente lo abrieron a otras especialidades médicas y profesionales sanitarios, como enfermeras y trabajadores sociales.

De este modo, Baleares es la octava región con más profesionales sanitarios que se han declarado objetores para seguir atendiendo a los 'sin papeles', sólo superada por Castilla y León (99); Galicia (115); Andalucía (133); Aragón (142); Comunidad Valenciana (163); Cataluña (215) y Madrid (378).

Al archipiélago balear le siguen Castilla-La Mancha (59), País Vasco (58), Asturias (52) Canarias (51), Extremadura (50), Navarra (46), Murcia (43), Cantabria (26), La Rioja (9) y Melilla (1).

De hecho, aunque el grueso de los objetores son médicos de Atención Primaria (72% del total de los profesionales inscritos), también se han registrado 86 profesionales de Enfermería, 58 internistas, 56 psiquiatras, 31 pediatras, y 21 ginecólogos y obstetras.

Por provincias, Madrid también lidera el ranking duplicando en número de objetores a Barcelona, con 175, la segunda por delante de Zaragoza (117), Valencia (111), Baleares (91) y Pontevedra (69).

Llama la atención la presencia de objetores en algunas comunidades como Andalucía o País Vasco, a pesar de que sus Gobiernos autonómicos ya han mostrado su intención de no aplicar la medida y permitir la asistencia a los inmigrantes.

En todos los casos, los profesionales registrados entienden que la medida impulsada por la ministra del ramo Ana Mato es "contraria a la lealtad que el médico debe tener a su paciente y que siempre debe prevalecer".

Además, el presidente de semFYC, Josep Basora, ha reclamado al Gobierno que elabore un paquete básico de servicios para este colectivo que integrarían la Atención Primaria, la salud pública y la prevención, la asistencia urgente, atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales de la OMS (Organización Mundial de la Salud). "Así estaríamos en condiciones de resolver la mayoría de problemas de salud que padecen", ha asegurado.

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