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El PPdeG niega que la sentencia sobre el concurso eólico tenga "las consecuencias alarmistas" que advierte la oposición

Rechaza el argumento de la ley de contratos porque no se trata "en ningún momento de un procedimiento de contratación sino de una autorización"

El PPdeG niega que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la suspensión del concurso eólico del bipartito tenga las consecuencias "alarmistas" que advierten los partidos de la oposición.

El portavoz de industria, Pedro Arias, a través de un comunicado remitido por los populares gallegos, afirma que "no anula la nueva Ley eólica gallega ni paraliza el concurso actual, que continúa con total normalidad".

"Porque están amparadas por una nueva Ley de indiscutida vigencia así como por un nuevo concurso resuelto por criterios de mérito, profesionalidad y objetividad", argumenta el diputado.

Los populares aseguran que la nueva norma, aprobada por el actual Gobierno de la Xunta, "fue la que dejó sin efecto el concurso del bipartito acordando expresamente el desestimiento de los procedimientos asociados a dicho concurso".

Esta sentencia, continúan, "afecta a una resolución de suspensión que se aprobó de manera transitoria y cautelar para, mientras se tramitaba la nueva normativa eólica, dar seguridad jurídica al sector". "Pero esta resolución ya quedó sin efecto debido a la nueva ley", incide, en la línea del argumento esgrimido por la Consellería de Economía e Industria.

Réplica a anova

Pedro Arias, en relación a Anova, formación que remitió a los medios la sentencia del TSXG, lamenta "el desconocimiento interesado" que muestran algunos partidos políticos "que aseguran que la sentencia obligaría a continuar con el concurso del bipartito".

"Cuando no se está hablando en ningún momento de un procedimiento de contratación sino de una autorización, por lo que nombran de forma interesada la ley de contratos de las administraciones públicas", que "no tiene cabida en este proceso".

El portavoz popular critica "los excesos de los partidos de la oposición cuando hablan de perjuicios económicos, ya que la propia ley de diciembre de 2009 regula las indemnizaciones limitándolas a los costes de tramitación".

Por último, reitera que las decisiones adoptadas por la actual Xunta "venían motivadas por las decisiones previas del bipartito, que había creado una perceptible desconfianza sobre el rigor y la legalidad del concurso hecho en vísperas electorales y que ya el propio Consello Consultivo de Galicia había declarado que adolecía de insuperables vicios de legalidad".

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