El juez mantiene la declaración de Salom y Soler ante la "drástica reducción de la agenda de los servidores públicos"

El magistrado deniega el cambio de fecha para sus comparecencias al ser "insusficiente" la justificación ofrecida por ambas
María Salom
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EUROPA PRESS
María Salom

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor ha denegado a la presidenta del Consell de Mallorca, María Salom, y a la consellera insular de Medio Ambiente, Catalina Soler, el cambio de la fecha fijada para sus declaraciones en torno a los disturbios de los que presuntamente fueron objeto en las fiestas de Felanitx del pasado año. Ambas alegaron que "por razones de agenda" les es "imposible" acudir a la cita judicial, justificación que el juez tilda de "insuficiente" al tiempo que asevera que no consta que tengan previsto acto público alguno por esas fechas.

De hecho, mediante la providencia dictada para dar respuesta a la petición de las dos altos cargos del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Francisco José Pérez subraya que para su citación escogió 'ad hoc' la fecha señalada -el 27 de agosto- "habida cuenta de la época estival en la que nos hallamos" y que "conlleva una reducción drástica en la agenda de los servidores públicos que ostentan cargos políticos".

Es más, para el caso concreto de Salom y Soler, el magistrado recalca que el Consell no se encuentra en periodo de sesiones ni consta señalado ningún pleno extraordinario para entonces. En una motivada resolución, alega además que a la citación de las testigos se procedió "con antelación suficiente a fin de que pudieran adaptar su agenda al señalamiento, que ha sido acordado por un órgano judicial a fin de tomarles declaración por unos hechos en los que tanto doña María Salom como doña Catalina Soler aparecen como perjudicadas".

Es por ello que, subraya, "se precisa su declaración para poder conocer todos los extremos de los que pudieran informar y tomar así declaración a los imputados con mayor y mejor exactitud acerca de lo acaecido" y tomar, en su caso, "las decisiones que se estimen más oportunas conforme a Derecho". Tras ello, el magistrado les advierte, en base a los apercibimientos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de que podrían ser sancionadas con entre 200 y 5.000 euros de multa en caso de no comparecer.

Junto a ellas también está citado el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, el día 30, la directora general de Función Pública, Núria Riera, y el director del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba), Joan Simonet, el 29, mientras que como imputados comparecerán los diez supuestos autores de las agresiones, los días 24, 27 y 29 de este mes.

En concreto, los hechos acaecieron el 28 de agosto de 2011, cuando algunos de ellos fueron sometidos a supuestas agresiones físicas y otros zarandeados y empujados. Ahora, justo un año después de los altercados, los altos cargos del PP han sido emplazados a comparecer como testigos para arrojar luz sobre lo sucedido.

En concreto, la comitiva de autoridades que asistió a los actos estaba encabezada por Salom, seguida por Company, la consellera insular de Medio Ambiente y exalcaldesa del municipio, Catalina Soler, y el alcalde del municipio Biel Tauler, a quienes "una avalancha de incontrolados obstaculizaron el paso y les acorralaron en el interior a la salida del palio" colocado para que pasaran los responsables políticos, según reza el atestado de la Policía Local, al que tuvo acceso Europa Press.

En ese momento, algunos de ellos resultaron supuestamente objeto de agresión física mientras que otros fueron zarandeados y empujados, al tiempo que la denuncia relata cómo llegó a vertirse contra ellos "líquidos, objetos y escupitajos" que hicieron perder el equilibrio a algún miembro de la comitiva "por la acometida violenta y gratuita, totalmente desmesurada de la multitud sin motivo anterior aparente o provocación alguna para que esto ocurriera".

El dispositivo de agentes "se tuvo que emplear a fondo"

De hecho, acto seguido el dispositivo de agentes que se encontraban dentro del palio para proteger a las autoridades "se tuvo que emplear a fondo" para poder evacuarlas y ser trasladadas a las proximidades de la Iglesia Des Convent. Sin embargo, el atestado precisa cómo durante este tiempo "se vivieron momentos críticos y de gran tensión" que hicieron que los efectivos se vieran obligados a "hacer uso en dos ocasiones del aerosol defensivo".

La denuncia especifica que los agentes se encontraban ante "una masa de personas en actitud hostil y agresiva" que momentos antes habían agarrado por detrás a un agente local y "le habían intentado sacar el arma reglamentaria de la funda", mientras que "también por la fuerza habían hecho perder el equilibrio a la regidora del Ayuntamiento de Felanitx, Beatriz Martínez".

Fue así como la Policía optó por el uso del spray defensivo "al ser menos lesivo que la defensa reglamentaria o la fuerza bruta" y que se utilizó sobre los que estaban en la primera línea del tumulto que eran los que mostraban una mayor agresividad, para hacerles retroceder y deponer en su actitud hostil y agresiva hacia la fuerza actuante".

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