El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, Luis Martín (PP), ha recomendado este martes a los inquilinos de las viviendas precintadas de la zona de Guadalvalle, cercana al aeropuerto de la capital e inundada en 2010, que desalojen las mismas por su propia cuenta, antes de que la administración local acuda a la vía judicial para solicitar una autorización de desalojo.

En declaraciones a Europa Press, el también edil de Urbanismo ha comentado que planteará todo el expediente de la situación de dichas viviendas a la autoridad judicial, si bien, "antes se solicitará a las personas interesadas que cumplan la orden de precinto sobre las viviendas", después de que "se han hecho ya varios requerimientos".

Al respecto, tal y como ha adelantado este martes 'El Día de Córdoba', un informe de la Policía Local apunta que las familias que están residiendo en las parcelas más afectadas por la riada, aquellas que estuvieron muy expuestas a la fuerza del agua o al lavado del terreno, son cuatro. Los datos de Disciplina Urbanística puntualizan que tres de ellos tienen aún un expediente abierto que ordena el desalojo de la vivienda.

Una cuarta, cuya situación no será comunicada al juzgado, tiene la particularidad que está habitada aunque recientemente la Gerencia de Urbanismo levantó la orden de desalojo al considerar que los problemas de estabilidad de la estructura que dieron origen a su desahucio administrativo con carácter urgente ya no existían. Se ha detectado también que otras familias usan las parcelas de terreno como lugar de recreo o para usos agrarios. Son situaciones regulares, dice la Gerencia, porque se trata de suelos donde había viviendas que fueron demolidas y se está produciendo, en sentido estricto, una función residencial.

En concreto, Urbanismo va a comunicar al juzgado el contenido de las revisiones de los agentes de la Policía Local que indican que se ha ignorado la orden de desalojo. No obstante, desde el Ayuntamiento se apuesta por "una salida dialogada" con los afectados, de manera que se pueda encontrar una solución para la situación sobre la base de que las órdenes de desalojo son firmes.