Este viernes entra en vigor la Ley de Montes de Galicia, que rebaja de 100 a 50 metros la franja en torno a edificaciones en la que la vegetación debe estar "controlada" y de 50 a 30 un segundo perímetro en el que no puede haber especies pirófitas —como pinos y acacias— que favorecen el fuego.

Con esta norma, la Xunta destaca que pretende "responder a una vieja necesidad y demanda del sector". "La ley resulta plenamente coherente y adecuada con las características peculiares de nuestra comunidad", defiende y dice que el objetivo "principal" de la ley es "la búsqueda de la conservación y aprovechamiento de la riqueza forestal a partir de la sostenibilidad económica, social y ambiental".

Según la Consellería de Medio Rural, la nueva Ley de Montes hará "mucho más fácil" pasar de forestal a agrícola el uso de un terreno "que viceversa", al establecer requisitos que provocarán que sean "muy contados los casos" en que la transición se produzca desde las actividades agrarias a otras de tipo forestal.

En concreto, el dueño de una parcela de monte con matorral, pinares o eucaliptales, podrá cambiar la actividad de su terreno a otra de carácter agrícola con solamente una comunicación a la Xunta, en caso de no superar las 15 hectáreas. Si la superficie es mayor a esta cifra, la Administración tendrá que emitir una autorización.

Pero, en el caso contrario, para dedicar a usos forestales un terreno que hasta el momento tuvo un destino agrícola, la norma fija un criterio "muy restrictivo".

A comienzos del mes de junio, en un desayuno informativo para los medios, la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, reivindicó que esta regulación persigue favorecer la ampliación de la base territorial de las explotaciones, con la vista puesta en la nueva Política Agraria Común (PAC), que primará las hectáreas de cada unidad productiva para otorgar ayudas. Es decir, se pretende impulsar la transición de actividades forestales a agrarias en el monte gallego, según la consellería.

APROBACIÓN

Semanas después, el pasado 26 de junio, la primera Ley de Montes de Galicia fue aprobada en el Parlamento con los únicos votos del PPdeG, después de que el PSdeG y el BNG decidiesen mantener la postura "radicalmente en contra", en palabras de la socialista Sonia Verdes, a un texto que camina —a ojos de los grupos de la oposición— hacia la "privatización" del monte gallego y que olvida la prevención de incendios.

En aquel debate, los populares volvieron a lamentar la "nula disposición de los grupos de la oposición" para llegar a acuerdos. Así, la parlamentaria Emma Álvarez Chao llegó a recomendar a socialistas y nacionalistas que "repasen" el significado de "la palabra consenso" en el diccionario de la Real Academia Galega.

'SOFOR'

Con la nueva ley, la Xunta también quiere fomentar la constitución de sociedades de fomento forestal —las denominadas 'sofor'—, para cuya creación elaboró un decreto pero que, de momento, solo ha dado lugar a iniciativas que tantean su conformación.

Dichos proyectos, según el departamento, están ligados con la comercialización de la castaña, pero también con la venta de madera y la disposición de pastos.

Otras novedades

El establecimiento de un registro para que "se consoliden" las masas de frondosas caducifolias —especialmente las autóctonas— es otra de las novedades.

En su apartado más polémico, el texto modifica ciertos aspectos de la Ley de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, en concreto, cambia las distancias de las denominadas 'franjas de gestión de la biomasa forestal'.

El texto que entra en vigor este viernes supone rebajar de 100 a 50 metros la franja en torno a edificaciones en la que la vegetación debe estar "controlada" y de 50 a 30 un segundo perímetro en el que no puede haber especies pirófitas —como pinos y acacias— que favorecen el fuego.

Para la consellería, según expusieron en su día Quintana y el secretario xeral de Medio Rural e Montes, Tomás Fernández-Couto, se trata de introducir "un poco de sentido común" en dicha regulación, pues "no es cuestión de distancias, sino que el peligro no debe existir".

"Intentamos dar la mayor seguridad a todos los ciudadanos, independientemente de que tengan sus casas dentro de un núcleo rural, un núcleo urbano o una casa que sea irregular desde el punto de vista urbanístico, pero que también están obligados a mantener unas franjas de seguridad porque es lo que primamos", resaltó Rosa Quintana.

A este respecto, la consellería subraya que la nueva norma busca "hacer efectivas y aplicables las medidas que establecía la anterior ley del bipartito", que, según dice, "establecía unos parámetros que no eran aplicables".

Zonas de alto riesgo

"Es falso que el proyecto de ley promueva una reducción sistemática de las distancias del arbolado a las casas. En este sentido, cabe subrayar que la mayor parte de los ayuntamientos de Galicia están bajo la calificación de zona de alto riesgo (ZAR) y que en estos municipios las viviendas y las instalaciones aisladas hasta hoy no tenían distancia de separación de arbolado", señalan a Europa Press fuentes de Medio Rural.

"Con la ley que entra hoy en vigor, los pinos y los eucaliptos deberán separarse 30 metros de las viviendas dentro de una franja de 50 metros con arbolado aclarado —limpio de maleza— y sin vegetación seca. Por lo tanto, existe una ampliación de la franja de 50 metros", subrayan las mismas fuentes.

Añaden que "las nuevas franjas de 50 metros de control de biomasa y aclarado del arbolado con separación expresa de pinos, acacias y eucaliptos a 30 metros se aplican principalmente a partir del límite de suelo urbano y de núcleo rural". "En el interior del urbano y núcleo rural es un tema de ordenanzas y no se trata de distancias, sino de que no debe haber ningún tipo de plantación de arbolado que suponga riesgo para las viviendas y las instalaciones", aclaran.

Cultivos energéticos

En lo que respecta a otro de los puntos que generan polémica entre grupos ecologistas y los partidos de la oposición, los cultivos energéticos en el monte, el responsable de Medio Rural e Montes se remitió en junio a una orden que ultimaba la consellería para dar desarrollo al decreto en este ámbito, que data de 2007.

Dicho borrador, que preveía entonces aprobar "después de verano", plantea topes máximos para este tipo de plantaciones y "límites que en este momento no hay". Será una regulación "más restrictiva" que la estatal, afirmó.

Ordenación del territorio

La máxima responsable en materia de medio rural también hizo hincapié en que la nueva Ley de Montes —para cuya redacción se partió de dos borradores, uno de 2005 y otro de 2009— busca ordenar el territorio gallego en lo que concierne al monte.

Esto, con el objetivo de "poner en valor" la masa forestal de Galicia y para posibilitar, entre otras cosas, la certificación de la madera, requisito impuesto por este mercado en el ámbito de la internacionalización.

La norma establece planes de ordenación y de gestión del monte, clarifica las distintas propiedades —establece "claramente" la propiedad privada de los montes vecinales— y estipula porcentajes de reinversión de los beneficios —en torno al 40% de los ingresos— en función de la titularidad de los terrenos.

La dirigente llamó la atención sobre el tiempo de trabajo y el propósito de consenso con los distintos actores involucrados, visualizado en unas 30 reuniones con 20 organizaciones representativas del sector, 347 aportaciones de 37 colectivos o personas, 67 considerandos del Consejo Económico y Social (CES) y más de un 75% de los artículos (170) modificados.