El alcalde de Marinaleda (Sevilla) y diputado autonómico de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, no será detenido por su condición de aforado y solo recibirá una citación judicial por su implicación en los asaltos a dos supermercados en Sevilla y Cádiz, han confirmado fuentes de la investigación.

La ley establece que los parlamentarios, por ser personas aforadas, no puede ser detenidas salvo en caso de flagrante delito. Las fuentes consultadas aseguran que aunque Sánchez Gordillo estuvo presente en los hechos denunciados, no fue uno de sus autores materiales, por lo que, en principio, no se cumple el supuesto legal para su arresto.

El propio Sánchez Gordillo ha reconocido que personalmente se limitó a realizar "maniobras de distracción" y que no cometió ningún delito porque no llegó a entrar en el supermercado asaltado.

Por otro lado, los dos miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) detenidos por participar en el asalto a un supermercado de Écija (Sevilla) han sido puestos en libertad imputados por un delito de robo y otro de coacciones por el apoderamiento violento de efectos expuestos a la venta al público. La puesta en libertad de ambos la ha decidido el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

El juzgado de guardia impone a los dos sindicalistas imputados la prohibición de acercarse a 300 metros de la superficie comercial Mercadona de Écija así como la obligación de comparecer en sede judicial cada vez que sean requeridos.

Los dos detenidos se negaron a declarar ante los agentes, según han informado fuentes policiales, que precisan que los dos arrestados han estado asistidos por sendos abogados del SAT.

Sobre este asunto, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha insistido que su partido está en contra de cualquier "actuación delictiva", por lo que ha pedido que se cumpla la ley desde todos los ámbitos. La portavoz socialista ha dicho que la decisión de citar a Sánchez Gordillo le parece "correcta" porque está en contra de que se vulnere la normativa vigente. "Nos parece que esa conducta es más reprochable cuando se hace por un cargo público y lo que pedimos, indudablemente, es que la ley se cumpla y se cumpla en todos los órdenes: por quien debe perseguir el delito y por quien debe perseguirlo desde los ámbitos policial y judicial", ha dicho.

El secretario de Organización del SAT, Manuel Rodríguez, ha contestado a las reacciones suscitadas por el asalto a dos supermercados que "una cosa es la legalidad y otra la justicia", y que no descartan otras acciones similares. "Un millón y medio de andaluces no pueden llegar a fin de mes, muchos sin prestaciones sociales, mientras que otros están enfermos de colesterol porque tienen demasiada comida", ha señalado Rodríguez, quien también es diputado provincial en Sevilla.