La Fiscalía Provincial ha iniciado diligencias de investigación acerca de la elaboración por parte de la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga de un documento interno señalando los funcionarios afines al PSOE.

Así lo ha informado este miércoles a través de un comunicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que puso este hecho en conocimiento del ministerio público el pasado 23 de julio.

Según la central sindical, el fiscal ha incoado diligencias de investigación penal por posible prevaricación de funcionarios y tráfico de influencias.

CSI-F acusó a la Delegación Provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de la elaboración del listado de funcionarios afines al PSOE tras comprobar que se trataba del entorno desde el que el documento partió a los demás organismos.

Esta central sindical exigió, asimismo, el cese de la entonces delegada provincial del Gobierno andaluz, Marta Rueda, así como explicaciones a la Administración regional por "la evidente discriminación de los empleados públicos en función de su afiliación política".

A su juicio, lo sucedido puede constituir un delito de vulneración del derecho a la protección de datos y discriminación en la carrera administrativa de los trabajadores, tanto positiva como negativa, en función de la afiliación política al PSOE.

Además de la afiliación al PSOE, este documento contiene datos sobre bajas, enfermedad, jubilación, contrato y a quién debe promocionarse. Se trata de 23 personas de las que se dictamina favorablemente en aras a futuros ascensos o nombramientos, de los que 13 figuran como afiliados al partido socialista.

CSI-F, que ya denunció estos hechos ante la Inspección General de Servicios del Ejecutivo andaluz, espera que "la Justicia aclare los hechos" y que "la Junta de Andalucía actúe con el compromiso que se le presupone, destituyendo a los responsables de un procedimiento que burla el derecho a la promoción profesional".